Salvatore Totó Riina y Bernardo Provenzano eran dos prohombres sicilianos que nunca presidieron la Generalitat, ni fueron ministros, ni lideraron el PP valenciano. Eduardo Zaplana, sí. Los tres comparten rasgos de personalidad. Por ejemplo, poca tolerancia a las críticas o una querencia enfermiza por buscar la sombra. Como los perros callejeros. Los italianos completaron una colección de más de doscientos cadáveres. Políticamente hablando, Zaplana liquidó a centenares de críticos antes de que contemplaran serlo. Por terror disuasorio. Por eso nadie en su partido osó siquiera desafiarlo con la mirada. Y muy pocos miembros de la oposición se atrevieron a dedicarle críticas de grueso calibre.
Este martes, 21 de mayo, en vísperas de cumplirse los seis años de su detención, un fiscal llamado Pablo Ponce lo acribilló durante cinco horas en las que disparó indicios y pruebas de que el ex ministro fue el máximo beneficiario de las mordidas pagadas por los Cotino por el amaño de la privatización de las ITV y la conceción del Plan Eólico. “Siguiendo la ruta del dinero, ves que Zaplana es el beneficiario de todo”, proclamó el fiscal en su exposición del informe de conclusiones de la vista oral del caso Erial parafraseando a Mark Felt, el número dos del FBI y Garganta Profunda en el Watergate. El dinero de Andorra a nombre de las sociedades panameñas “se juntó” con el de Luxemburgo y acabó en Suiza y en inversiones inmobiliarias. Ese dinero “era de Zaplana”, sentenció.
Dos años de rebaja para el jefe
Entre julio de 1991 y abril de 2008, fecha de la entrada y salida de Zaplana en la política, nunca le habían hecho un retrato tan demoledor como el que le pintó ayer el fiscal anticorrupción. En su cara. Fue desgranando el papel de cada uno de los integrantes del “grupo criminal”, que incluye a quienes asumieron los hechos a cambio de reducción de condena. Es el caso del ex jefe de gabinete, Juan Francisco García, o de José y Vicente Cotino (los tres aceptaron el amaño de las ITV) o del amigo Joaquín Barceló, Pachano, quien confesó que era un simple testaferro de Zaplana. El fiscal ha reducido a menos de dos años (no entrarían en prisión) la petición de pena para los tres que se han conformado. Inicialmente se solicitaban 14 años para García y los empresarios, y 8 para Pachano. La petición de pena para el jefe de la banda pasa de 19 a 17 años, al entender el fiscal que no se acredita la falsedad en documento oficial.
Anticorrupción exoneró de culpa a otros tres por no atesorar pruebas suficientes de cooperación en el blanqueo de capitales: a la ex diputada Elvira Suanzes, al peluquero de Zaplana, Pedro Romero, y el empresario Ángel Salas. “Pueden cambiar su ubicación [retirarse del banquillo de los acusados] o irse”, les había indicado el presidente del tribunal, Pedro Castellano. “Ah, que veo que usted ya estaba donde no le corresponde”, recriminó a Romero. “Es que ahí delante hace mucho frío”, se excusó el peluquero.
Cobardía y escasa honradez
Tenía razón el estilista. La Sala Tirant estaba ayer fría como un depósito de cadáveres. Al fondo a la derecha, el contable Francisco Grau que sigue teletrabajando en la mesa que le han habilitado. A la izquierda, el fiscal, bisturí en mano, diseccionando como un forense todos los detalles de la autopsia sobre los negocios en B de Zaplana y sobre “tantas personas que ha usado en su beneficio”. Por eso, desafió el fiscal, “quería ver si tenía la valentía de asumir su responsabilidad, ya que tiene tantos amigos. Pero no lo ha hecho. Al menos habría podido tener la honradez de reconocer su participación ante un tribunal y, sobre todo, ante quienes se consideraban amigos”. El fiscal hablaba mirando al presidente del tribunal, Pedro Castellano, quien siguió sin pestañear toda la exposición y sin pronunciar un monosílabo. De vez en cuando, Ponce apuntaba con el dedo y miraba hacia el ex presidente, quien tomaba apuntes. Teóricamente, anotaba ideas para preparar con su abogado la respuesta, pero, en realidad, escribía para inclinar la cabeza y jibarizar así su figura para defenderse del temporal.
El fiscal tira de Sabina
Al igual que a los sicilianos, a Zaplana le gusta la clandestinidad. La práctica de esa doble vida de señor y truhan. En el propio juicio ha esgrimido enemistad política, en el escaparate, con Juan Cotino para negar que le pagara mordidas, en las cloacas. El fiscal recurrió a Joaquín Sabina y a la letra de Con un par, un canto a las hazañas de El Dioni, para responder al ex presidente: “Como dice la canción, cuando las mulatas son de bandera, confunden el corazón con la billetera”.
Conforme avanzaba la exposición, arreciaban docenas de “indicios enlazados, hechos que nos conducen al señor Zaplana. Es el conjunto el que determina la fuerza probatoria”. Para ilustrar su afán por camuflar parcelas, pisos, cuentas y barcos a nombre de testaferros, recordó que para esconder que era el dueño del piso de la madrileña calle Núñez de Balboa, el ex presidente accedía siempre por el garaje, como acreditó su chófer y el conserje. “Entraba como un hurón en su propia vivienda, no quería ser visto”, explicó el fiscal.
Una banda muy generosa
La casa estaba a nombre de Costera del Glorio, al 50% de Pachano. Y ha querido vender que su amigo se la dejaba gratis. En esta banda “todos son filántropos”, ironizó el acusador público. Pero la inmobiliaria anotó “señor Zaplana” como cliente, el ex presidente visitó el piso con Suanzes, su secretaria Mitsouko Henríquez y su amigo, ya difunto, Gregorio Fideo, organizaron intendencia y mudanzas…
Filántropos como el testaferro Fernando Belhot, gestor fiduciario de las cuentas de Zaplana en Andorra o Suiza. Tan “filántropo” que “nos regaló” a los valencianos 6,7 millones, dijo sarcásticamente Ponce, para ilustrar que traspasó los fondos a la cuenta del juzgado porque el dinero era de Zaplana.
Buena parte de la banda tenía la misión de “evitar que Zaplana apareciese”. Por ejemplo, Francisco Pérez López, El Gasofa. Quien daba la cara para ocultar que su jefe era el “disfrutador de bienes y acciones”. Para eso le pagaba 23.000 euros. ¿Poco o mucho? El fiscal puso la cifra en contexto. “Zaplana cobraba 700.000 euros de Telefónica. Este señor no era pobre precisamente. No andaba escaso de dinero, iba sobrado”, soltó el fiscal anticorrupción mirando al acusado.
El ex presidente actuaba con total discreción porque “los delitos no se airean”. Su amigo el periodista Luis Herrero presentó a Zaplana al empresario Luis García Cereceda, dueño de la urbanización La Finca. Pese a acudir a la visita de compra con el ex presidente, Herrero declaró que nunca supo si cuajó la operación. Pues sí. Su amigo dio un pelotazo de 3,5 millones.
Toque de atención a la defensa
Ponce defendió el “hallazgo casual” de los papeles del sirio en el piso que fue del ex ministro. La declaración de Imad Al Naddaf Yalouk es “consistente y persistente”; la de Benavent “errática y espúrea”. Benavent, como el ex comisario Villarejo, introdujeron al CNI en el guión del relato conspiranoico. Y el fiscal reprochó el circo montado por la defensa: “Nosotros no hemos traído a ningún condenado por corrupción y delitos graves. Otros sí, a Villarejo, Benavent y López Abad”. Este último, ex director general de la CAM, fue condenado por administración desleal.
También subrayó la legalidad del registro en el que se halló la prueba madre del caso y la “extraordinaria” actuación de la policía judicial al trasladar al juez los papeles del sirio tras comprobar que tenían “relevancia penal”. Lo preceptivo, aunque el registro emanara de otra causa. “Si en una entrada y registro se halla un cadáver…”, deslizó.
Un papel que sería la sentencia
El fiscal anticorrupción rememoró el papel de Pachano como tenedor de las acciones de Imison Internacional, sociedad luxemburguesa creada para catalizar las comisiones pagadas por Sedesa. “Juan Francisco me ha dado millones y como soy político y no puedo aparecer, vete tú con Vicente Cotino en el avión” a firmar. Y Pachano voló a Luxemburgo, donde rubricaría un contrato de fiducia con Beatriz García Paesa. “Un documento que no ha aparecido, pero que tenía que acreditar que el dinero era de Zaplana”. “Lo guardarían o lo destruirían. Como dicen ellos, se paga la confidencialidad”, recordó Ponce.
Quizás ese documento tenga indudable valor neurológico para explicar las lagunas de memoria de la sobrina del espía Paco Paesa en su declaración judicial.
Reconocimiento a la jueza y la UCO
El fiscal fue completando el puzle de 20,6 millones de piezas de esta causa de corrupción. Un paisaje resultado de la investigación que arrancó en junio de 2015. Al final de su exposición, Pablo Ponce tuvo palabras de reconocimiento hacia la labor de la jueza de Erial, Isabel Rodríguez, que fue titular del Juzgado de Instrucción número 8. La jueza y el fiscal soportaron las acometidas de terminales mediáticas y políticas de esta mutación valenciana de la Cosa Nostra. El acusador subrayó también la “labor extraordinaria de la policía judicial [la UCO], pese a sus sueldos escasos”. Y la colaboración de los peritos de la Agencia Valenciana Antifraude. Palabras cálidas para “la labor de toda esta buena gente”.
Cuando concluyó la sesión, Juan Francisco García se dirigió a Elvira Suanzes y le dio la enhorabuena y dos besos. Ante la mirada de Zaplana. Moderadamente criminal. Como la que solía lucir Toto Riina, la Bestia, los ojitos más malévolamente tiernos de todo Palermo.