La comisión de investigación del Parlamento valenciano sobre las irregularidades en la empresa pública Ciegsa -encargada de la construcción de colegios e institutos- señala como responsables a todos los miembros del Consell del PP entre 2001 y 2013.
En particular, la comisión, sin apoyo del PP, señala a Esteban González Pons, María José Catalá, José Císcar y Alejandro Font de Mora, todos ellos en activo en el PP; el primero como eurodiputado, el resto como parlamentarios autonómicos y candidata a la alcaldía de Valencia.
Los grupos parlamentarios se declaran incapaces de cuantificar los sobrecostes en la empresa pública de construcción de colegios -no era su función, afirman-, pero piden a la Generalitat que “arbitre los mecanismos para realizar una completa auditoría financiera y de legalidad que determine exhaustivamente los perjuicios ocasionados al erario público”, ya que la comisión no dispone de los medios necesarios.
Los diputados consideran que las irregularidades más graves y abundantes se dieron en el periodo 2004-2008, con Máximo Caturla, secretario autonómico de Cultura, al mando. Con él, señala el socialista Alfred Boix, se corrige la adjudicación por lotes y “se crea un sistema que les da control absoluto para tomar decisiones de forma discrecional”.
La empresa Ciegsa está siendo investigada en dos piezas de la Operación Taula; una por los 'trabajadores zombis', otra por las 'mordidas' del PP valenciano. Los diputados enviarán la información obtenida sobre los trabajadores 'zombis' al juzgado.
El informe del viceinterventor general de Control Financiero señala sobrecostes de 300 millones de euros -un 18%- en la empresa pública creada y controlada por el PP. En algunos centros, los sobrecostes llegaron al 40%.