El Alcalde de València, Joan Ribó, y el Portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, han rechazado el proyecto de ampliación a tres carriles de la autovía V-21 en el tramo Carraixet-València y han instado al Gobierno a que reconsidere la alternativa propuesta por el Ayuntamiento, antes de expropiar los terrenos.
Ribó ha vuelto a apostar por una fórmula que permita mejorar la infraestructura de la V-21 a la entrada de València, “sin que necesariamente tenga que arrasar con huerta productiva, tras conocerse que el Gobierno ha iniciado el proceso de expropiación forzosa de los terrenos para ejecutar la obra”. Desde el Ayuntamiento se recuerda que “hemos propuesto un modificado de obra que contempla la ampliación de la V-21 a la entrada de València, donde hay atascos prácticamente todos los días sobre todo en verano, pero no en la salida, donde no se producen atascos. Con nuestra propuesta se conserva hasta un 60% de la huerta que ahora se ve echada a perder”.
“Queremos unas infraestructuras eficaces, como corresponden en la tercera ciudad más importante del Estado, pero se pueden tener sin tener que renunciar al patrimonio económico, paisajístico y medioambiental que simboliza la huerta de València”, ha explicado el alcalde.
Compromís también ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso para que el Gobierno esclarezca cómo va a minimizar el impacto de la carretera y las afecciones negativas sobre el territorio, el medio ambiente y las personas que allí habitan y trabajan.
En este sentido Baldoví considera que la ampliación de la V-21 va en contra de los nuevos modelos de movilidad sostenible anunciados por el Gobierno para paliar los efectos del calentamiento climático: “El tercer carril de la V-21 supondrá irremediablemente un aumento del número de tráfico a la ciudad de València y complica la articulación de un sistema de transporte público metropolitano de calidad. Queremos que el Gobierno explique qué medidas va a para paliar los efectos negativos derivados del aumento de las emisiones de dióxido de carbono y el aumento de contaminación del aire”.
Además la formación ha preguntado por el rendimiento agrícola que podrán extraer los agricultores que trabajan la tierra con las parcelas que no han sido finalmente expropiadas y de qué manera piensa indemnizar el Gobierno a aquellos agricultores perderán la viabilidad de sus cultivos a consecuencia de la pérdida de una parte de sus parcelas.