El pasado sábado 5 de julio se reunía la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valencià para realizar una valoración y análisis del desarrollo de la ley, así como para acordar próximas iniciativas, “cada año perdemos 1.000 millones de inversión en dependencia, mientras la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ”se encuentra totalmente desaparecida y fuera de escena“ -la Generalitat tiene 13.000 expedientes pendientes de resolver-.
La valoración del coordinador, Jaume E. García, es “preocupante y muy negativa” de la situación en la que se encuentra la Comunitat Valenciana, que ocupa el penúltimo lugar “en todas las estadísticas del Imserso”. El número de dependientes que recibe la prestación a día de hoy en la CV es de 40.596, 3.166 personas menos que en enero de 2012.
El informe del Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa a la Comunitat “a la cola”, con una valoración de 0.4 sobre 10 -los dependientes valencianos tardan unos 300 días en cobrar-, mientras que el informe del Síndic de Greuges revela que en 2013 se producjero 1.758 quejas relacionadas con la dependencia, en especial por la aplicación del copago en las prestaciones por cuidados en el entorno familiar.
ILP para la derogación del copago
Las Plataformas tienen previsto presentar próximamente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Les Corts Valencianes para exigir la derogación de todos los copagos impuestos por el Consell en los dos últimos años en dependencia y discapacidad, residencias, centros de día, centros ocupacionales... así como el copago de los productos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas para personas con discapacidad.
Denuncia ante Anticorrupción
Las plataformas también abordaron la polémica surgida a raíz de las escuchas del Plan Rabassa, y acordaron presentar este mes una denuncia ante la fiscalía Anticorrupción para que investigue “lo que desde hace años llevamos denunciando”. Según han explicado, de las grabaciones se desprende que en la etapa de Juan Cotino como conseller de Bienestar Social “existió presunto trato de favor, malversación y prácticas corruptas en la gestión de los fondos destinados a la financiación de la Ley de la Dependencia en el País Valencià”.
Para concluir, el 17 de julio -coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor del RDL 20/2012- las Plataformas acompañarán a una usuaria de residencia de tercera edad afectada por el copago a la entrega de las más de 200.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org en Conselleria para exigir su derogación.