El Pleno del Consell aprueba una batería de acciones para auditar el sector público. El Ejecutivo valenciano de PP y Vox insiste en que se han encontrado numerosas irregularidades en la gestión del PSPV, Compromís y Unides Podem que justifican un examen extraordinario de la gestión. Son las auditorías que anticipó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón el pasado enero, cuando anunció el cierre de seis empresas públicas al detectar supuestos incumplimientos en el ejercicio 2021.
El Gobierno autonómico ha recibido este miércoles el informe de la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023, que analiza los datos del ejercicio 2022. En este informe, según ha denunciado la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, se advierten incumplimientos de la normativa en las áreas de retribuciones de personal, contratación, control de subvenciones y tesorería. La portavoz del Consell, que ha comparecido junto al titular de Sanidad, Marciano Gómez, ha recalcado que se ha constatado que durante el ejercicio 2022 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 8.092 altas de personal laboral temporal, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 3.046, entre otros aspectos.
La titular de Hacienda también ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado un calendario para la fiscalización del año 2023, que incluye varias auditorías extraordinarias de la mano de empresas privadas. La llamada 'auditoría forensic' consistirá en revisiones forenses e investigaciones de fraude, pruebas periciales, arbitrajes y mediaciones, elaboración de informes periciales, así como otros informes complementarios, según comunica el Consell. “Para llevar a cabo esta actuación, por razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir los objetivos en un plazo razonable, se considera necesario recabar los servicios de firmas privadas a través de un sistema dinámico de adquisición electrónico y abierto, que permita una respuesta rápida al riesgo de fraude. Estas firmas deberán ajustarse a la invitación específica y su pliego de prescripciones técnicas”, dice el comunicado.
Además, habrá una auditoría operativa en las modalidades de auditoría de sistemas y procedimiento y de auditoría de eficacia, eficiencia y economía del sector público instrumental sobre 2023, también realizada por empresas privadas. El Consell de PP y Vox insiste en insinuar que en el último año con el PSPV al frente, año electoral, se podrían haber cometido varias irregularidades en las contrataciones públicas. Se incorporarán otros cuatro controles específicos complementarios en la gestión, como “el análisis del proceso masivo de tramitación de propuestas de nómina al personal subrogado” por la reversión del Hospital de Dénia o los conciertos educativos.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, también ha denunciado irregularidades en las fundaciones de investigación biomédica. Asegura que en los informes de la intervención de la Generalitat “la gestión económico-financiera no se ajusta a la normativa aplicable” y ha presentado un nuevo decreto para equiparar al personal investigador con el sanitario.