El primer encuentro formal entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas para abordar los ingresos se salda con un desencuentro sobre el gasto autorizado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sometido a votación este lunes el techo de déficit al 0,1%, con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP, aunque algunas han defendido la aplicación de un déficit asimétrico, según las fuentes consultadas.
La cifra supone una distancia considerable respecto a la referencia que han empleado Murcia y la Comunitat Valrnciana, las peores financiadas del Estado, que han elaborado sus cuentas públicas previendo que podrían gastar hasta un 0,3 del PIB. La diferencia entre el margen aprobado por el ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero y el consignado en las primeras cuentas públicas de Carlos Mazón es cercana a los 287 millones de euros, lo que implica que el Consell del PP y Vox se arriesga a un severo recorte.
La conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino planteó en sus previsiones económicas que el escenario de 2024 permitiría un endeudamiento del 0,3%, mientras que el Gobierno central marcó un 0,1% en la documentación enviada a la Unión Europea. La tasa más permisiva es la que está actualmente en vigor, y en eso se escudó el Ejecutivo autonómico para contar con el montante.
Tras el tenso encuentro entre administraciones, plagado de reproches por los acuerdos que afectan a Cataluña, la consellera valenciana ha justificado su voto en contra en que la decisión del Ejecutivo central supone concentrar sobre las autonomías la mayor parte del esfuerzo que España tendrá que realizar para reducir al déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 3% el próximo año.
Merino ha criticado que, a la hora de determinar cómo se reparte el esfuerzo de reducción del déficit, el Gobierno central no haya tenido en cuenta la posición de partida de las autonomías y que el Estado se haya reservado el 97% del déficit autorizado. Esta circunstancia obliga al conjunto de las comunidades de régimen común a cerrar el ejercicio con un déficit de 0,1% sobre el PIB, a pesar de que gestionan el 35% del gasto total, según informa su departamento.
Sobre la financiación que recibirán las administraciones autonómicas el próximo año, a falta de un calendario que inicie la reforma del modelo caduco, el Ministerio de Hacienda ha comunicado que en 2024 el conjunto de comunidades recibirá 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone un importe histórico, un 14,9% superior respecto al de 2023. La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3% más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, pero no se ha desglosado por territorios.
Merino también ha explicado que según la Comunitat Valenciana contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022; un total de 15.254 millones de euros.
El Gobierno reunirá en enero a las comunidades autónomas para ir explicando una a una cuáles son las condiciones de la condonación de la deuda, reflejada en el acuerdo del PSOE con ERC para la legislatura. La ministra ha recalcado que esa rebaja se realizará para todas las comunidades.
La titular de la Hacienda valenciana ha exigido una reforma del sistema de financiación, que relega a la Comunitat Valenciana a la cola, y un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación. “No podemos estar más tiempo callados ante la injusticia que supone ser castigados por este sistema de financiación caducado desde hace casi una década y que nos mantiene infrafinanciados durante los últimos veinte años”, ha manifestado Ruth Merino. Por ello, ha asegurado que reformar el sistema de financiación autonómica es “indiscutible, urgente y prioritario” y ha pedido que se garantice la “igualdad” de todos los españoles en el acceso a unos servicios públicos de calidad, algo que, con el sistema de financiación actual, “no se está consiguiendo desde hace muchísimo tiempo”.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha criticado que en el orden del día no hubiera “una propuesta encima de la mesa” sobre el nuevo modelo de financiación, lo que a su juicio demuestra que esta reunión es “un nuevo trámite” que ha marcado el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. “Como los separatistas catalanes tienen agenda propia han decidido que a los demás no nos toca”, ha considerado. La oposición, formada por PSPV y Compromís, le ha criticado que no avanzara su propuesta en el Consejo y ha exigido la convocatoria de la Comisión Mixta Consell-Corts sobre financiación y deuda histórica.