La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha quejado del presupuesto que destinará el Gobierno valenciano para su departamento en 2017 puesto que es “muy ajustado”, aunque sitúa las cifras en un contexto de crisis económica y de “infrafinanciación” de la Comunitat.
También ha anunciado que pedirá al Gobierno central -una vez constituido- la puesta en marcha de nuevos juzgados. Bravo se ha pronunciado así durante su intervención en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts, donde este miércoles ha expuesto las principales líneas presupuestarias de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas para 2017.
El presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio es un 6% superior al de 2016, aunque Bravo ha manifestado que hubiese preferido disponer de más. “Necesitaríamos más, no lo oculto, pero estoy segura de que al término de la legislatura habremos cumplido con los compromisos: convertir a la justicia en una de las prioridades de la agenda política de la Comunitat y dotar a la Generalitat de una administración que responda a las necesidades reales de la ciudadanía”.
La consellera ha manifestado en esta línea que hay que cerrar un presupuesto que sitúe a la justicia como una prioridad en la Carta social de los derechos de la Comunitat: “Confío en que así lo harán y que, en el proceso de debate de los presupuestos, sepan mejorar aquellas partidas que no hayamos sabido dotar de manera suficiente”, ha reclamado a los diputados de las Corts.
No obstante, ha insistido en que exprimirá “hasta el último céntimo con esfuerzo y también con algo de imaginación para dar continuidad al proyecto que queremos para la Comunidad”, ha subrayado.
Sobre estas cifras, la diputada de Compromís Fabiola Meco ha coincidido en que invertir en justicia es “rentable” y “redunda en calidad democrática”, y ha advertido de que viendo los números a ella también le hubiera gustado “ver otros” diferentes que “hubieran significado una apuesta decidida por la justicia. Sigue siendo deficitaria”, ha lamentado.
El también diputado de Compromís Paco García ha afirmado que “ninguno está nunca contento con el presupuesto” pero ha advertido de que si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “diera a la Comunitat la financiación que le corresponde, estaríamos mucho más contentos”. También ha destacado que la justicia “ya no es la hermana pobre puesto que se incrementa el presupuesto en números relativos”.
En eta línea, la diputada del PSPV Rosa Peris ha afirmado que el presupuesto de justicia “es el de una apuesta por la consolidación porque rompe con la tendencia negativa de la pérdida de recursos”.
Por su parte, la diputada del PP María José Ferrer Sansegundo ha lamentado que la justicia “es la maría de este Botánico -en referencia al acuerdo de gobierno-” y ha criticado que sea la segunda, por la cola, en cuanto al peso el presupuesto global del Consell. “Justicia es la única conselleria que no incrementa el peso total. Avance cero. Esto no es para mucha complacencia”.
La diputada popular ha añadido en este sentido que el presupuesto para este departamento está “muy por debajo” que el destinado a otros servicios públicos como educación, sanidad, políticas inclusivas, economía, vivienda o agricultura. “Usted no puede estar contenta”, le ha manifestado.
Al respecto, Bravo ha insistido en que no son los presupuestos que a ella le gustarían, pero ha afirmado que le sorprende la “demagogia” de la diputada y su discurso “fácil” comparando los presupuestos de justicia con los de sanidad. También le ha recriminado que buena parte de sus partidas tienen que ir destinadas a pagar la “herencia” de su partido, el PP, en pagos de nuevas sedes.
Nuevos juzgados y reformas
El departamento de la Dirección General de Justicia contará en 2017 con 275.488.700 euros, un 6,5% más que el ejercicio anterior. En este ámbito, Bravo ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya atendido la “reiterada” reclamación valenciana de nuevos órganos judiciales. A su juicio, “el bloqueo del Decreto de 2010 de creación de 15 órganos judiciales que el antiguo Consell no atendió, incrementa el déficit de juzgados que la Comunitat arrastra”.
Por otro lado, ha manifestado que la partida destinada al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunitat cuenta con una subida de casi un millón de euros, un 3,43% más, y cerca de 400.000 euros para el Colegio de Procuradores, un 10% al alza. El presupuesto también cuenta con 18,9 millones para edificios judiciales -un 15,88% más-.
En cuanto al turno de oficio, el diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha pedido a Bravo que “no saquen pecho” con el dinero destinado porque “no pueden hacerlo”. “Estamos contentos con el incremento pero seguimos pensando que es insuficiente”, le ha manifestado, a lo que la consellera le ha recordado que en la actualidad el Consell está al corriente de los pagos con este colectivo y ha incidido en el aumento de la partida. Así mismo, a Bravo se le ha preguntado por las tasas judiciales.
En concreto, la diputada del PSPV Rosa Peris le ha interpelado por qué no se contempla ninguna partida en el presupuesto con el dinero que se debe invertir en la justicia a través de lo recaudado con las tasas judiciales del Ejecutivo central.
En este sentido, la consellera ha lamentado que “ni siquiera el Ministerio de Justicia sabe lo que ha hecho Hacienda con el dinero de las tasas”. Esta medida -las tasas- fue una “estafa” para los ciudadanos, ha aseverado Bravo, y ha manifestado que “los únicos que se han beneficiado de las mismas ha sido el erario público, pero el estatal”.
“En justicia -ha añadido- no nos han sabido dar respuesta porque ni siquiera ellos saben qué se ha hecho con el dinero. Desde luego que no ha ido ni a modernizar la justicia ni tampoco a la justicia gratuita”, ha criticado.
Ley de Memoria Democrática
En materia de Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Bravo ha indicado que el primer apartado cuenta con una dotación de 3,3 millones, lo que supone un incremento de un 69,3% respecto a 2016 por la puesta en marcha de actuaciones contempladas en el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat, “que en breve será trasladada al Consell para su aprobación inicial”, ha aseverado.
El programa de Procesos Electorales cuenta con un 44,7% menos que el ejercicio anterior por no ser 2017 año electoral. En el departamento de Administración Pública, la consellera ha indicado que se contará con 6,7 millones, un 4,5% más que en 2016 para dos programas: el de Formación y Estudios; y el de Función Pública.
Al respecto, Bravo ha especificado que el presupuesto prevé que a partir del 1 de enero de 2017 el personal funcionario percibirá el 100 por cien correspondiente a la carrera profesional.
También ha aseverado que en 2017 se remitirá a las Corts el anteproyecto de Ley de Función Pública Valenciana, que irá acompañado del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Función Pública y del Plan Estratégico de Recursos Humanos.