La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, da un toque de atención a los dirigentes de Compromís en el Gobierno valenciano para acelerar la tramitación de los expedientes de plantas fotovoltaicas que vencen el 25 de enero. El departamento que dirige la consellera socialista solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat para dirimir las dudas sobre la tramitación de los expedientes autonómicos, en la que están implicadas también la Conselleria de Transición Ecológica y la de Economía -el órgano que los resuelve-, ambas de Compromís, así como la Secretaría Autonómica de Política Territorial y Paisaje, a la que algunos sectores acusan de bloquear la tramitación.
El informe desautoriza las trabas de la Secretaría Autonómica de Paisaje y de la Dirección General homónima, a cargo de este departamento, a los proyectos de plantas fotovoltaicas, además de poner en cuestión sus argumentos. La Abogacía de la Generalitat, en un análisis jurídico solicitado en octubre y remitido en noviembre, indica que este departamento no puede requerir informes que no están contemplados en la tramitación ordinaria y que son los ayuntamientos los que deciden la compatibilidad de los proyectos con sus planes urbanísticos. “Estas son las cartas del juego”, ha indicado Torró este jueves, tras analizar el informe de los servicios jurídicos.
En la tramitación de las plantas fotovoltaicas de menos de 50 megavatios -las que autoriza el Gobierno autonómico- conviven la Ley de Ordenación del Territorio (LOTUP), un decreto aprobado en 2020 (Decreto ley de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática), y el decreto de medidas urgentes para paliar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, aprobado este abril. Los departamentos implicados en la tramitación tenían distintas interpretaciones, en casos concretos, sobre qué norma prevalece y sobre la idoneidad de determinados informes, y la Abogacía determina que el decreto específico sobre renovables está por encima de la ley de ordenación del territorio (en caso de ambigüedad, prevalece la norma específica y no la genérica).
Sobre la petición de algunos estudios de integración paisajística, una de las observaciones de la Secretaría Autonómica en los expedientes, los servicios jurídicos indican que este instrumento de paisaje no se exige en el decreto ley de 2020 aunque esté contemplada en la LOTUP. “El olvido del legislador no puede ser suplido con la exigencia al promotor de la actividad de un estudio de paisaje, cuya aprobación en todo caso requiere de una tramitación compleja (...) Pero además, el estudio del paisaje no ha sido previsto en ningún caso por el decreto ley”, señala.
El informe de ordenación del territorio “es un elemento esencial”, pero ese informe, recalca la abogacía, “debe ceñirse a los límites establecidos en la normativa aplicable”. Por ello la Abogacía recomienda la modificación de parte del decreto de 2020 y adaptarlo al decreto de abril, y “evitar las dobles remisiones”, además de incorporar la exigencia del estudio de integración paisajística. Es decir, que si se considera que el informe de paisaje es necesario se incorpore al decreto.
Además, los servicios jurídicos recalcan que es competencia de los ayuntamientos emitir el informe de compatibilidad urbanística para implantar un proyecto, y que no puede ser la Generalitat quien supla estas funciones. Estos informes serán siempre preceptivos y vinculantes en caso de ser negativos.
Visto el contenido del informe, la secretaria autonómica de Política Territorial, Inma Orozco, y la directora general, Rosa Pardo, solicitaron una nueva aclaración a la Abogacía. En la respuesta, los letrados de la Generalitat ratifican el contenido de la primera evaluación y les recuerdan a ambos departamentos, de titularidad de Compromís por la política del denominado mestizaje, que “en caso de mantener las discrepancias (...) deberá proceder a la motivación de los actos y resoluciones que se aparten de nuestras consideraciones”.
Actualmente hay 280 expedientes pendientes de tramitación, de los que 90 tienen que estar resueltos antes del 25 de enero para cumplir la política marcada por el Gobierno de España y, si son viables, no perder la conexión a la red eléctrica. De ellos, cerca de 60 están aún pendientes de la declaración impacto ambiental -que necesita los informes de Territorio y Transición Ecológica- y en su conjunto implican una potencia de 2.250 megavatios pendiente de validación o rechazo.
Una vez resueltas las dudas, la consellera asegura: “No tengo ninguna duda de que la dirección general de Paisaje aplicará lo que la abogacía ha dicho”. En la rama socialista del Consell se muestran convencidos de que el informe disipa el conflicto y de que con el refuerzo de equipos se acelerará la tramitación. Aún así, se guardan una carta: en caso contrario, se le puede retirar la competencia a la dirección general.