La Conselleria de Educación ha informado este miércoles de que el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley 3/2017 “no afecta al alumnado” ni a los centros, porque dicho decreto está derogado.
La sección cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell en septiembre, no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto 9/2017, suspendido por el Alto Tribunal meses antes.
Educación ha recordado que este decreto ley está derogado desde la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el pasado 21 de febrero.
Por tanto, señala que el acuerdo del TSJCV es una decisión del tribunal que no afecta, en ningún caso, ni al alumnado valenciano, ni a sus familias, ni al funcionamiento normalizado de los centros educativos.
La Conselleria de Educación defiende asimismo que la Generalitat ha cumplido en todo momento con aquello que ha dictaminado el TSJCV en referencia a la normativa sobre plurilingüismo.
Recuerda que el Decreto ley se impulsó por parte de la Generalitat y se ratificó a Les Corts Valencianes para cumplir con las determinaciones judiciales del TSJCV en relación a la ejecución de la suspensión cautelar del Decreto de plurilingüismo 9/2017 (un decreto que también está derogado) y para garantizar a la vez el inicio de curso con normalidad.
Educación añade que el mismo preámbulo del Decreto ley señalaba que era el resultado de la urgente necesidad para cumplir con las determinaciones judiciales y garantizar la normalidad del inicio de curso 2017-2018, “como así fue”.
Manifiesta además que el decreto ley ya incluía las observaciones que el TSJCV hacía sobre igualar horas lectivas en inglés así como para continuar aplicando la normativa vigente anterior al decreto 2017.
Actualmente los centros disponen de una nueva ley propuesta por diferentes grupos parlamentarios y aprobada por amplia mayoría en Les Corts Valencianes, que “supera y deroga las normativas anteriores y da un paso adelante en la apuesta real y efectiva por el aprendizaje de todos los niños y niñas del inglés, el castellano y el valenciano”, añaden las mismas fuentes.