Las desaladoras valencianas, una garantía contra la escasez de agua a la que se opuso el PP

La Comunitat Valenciana es un territorio de desaladoras, un instrumento útil para la emergencia climática. Pese a que el agua desalada contribuye en el alivio del problema de la sequía, el elevado coste energético y el precio del agua final alejan a los consumidores de su uso. Las plantas que realizan la ósmosis en la Comunitat Valenciana apenas funcionan al 30% de su capacidad, según la memoria anual de Acuamed, gestora de las desaladoras estatales. La de Sagunt, que nutrirá a Cataluña de agua para hacer frente a la emergencia por la sequía, lo hace al 10%.

La desaladora de Sagunt tiene una capacidad de producción total de 22.900 metros cúbicos al día, aunque con las instalaciones actuales puede derivar 7.200 metros cúbicos diarios. Si finalmente la sequía no remitiera y tuviera que transportarse el agua, sería necesario construir una nueva conducción que conectará la planta con el Port de Sagunt. La planta, una de las siete que hay en la Comunitat Valenciana, actualmente solo abastece a una empresa de la localidad del Camp de Morvedre. El resto de plantas desalinizadoras se encuentran en Torrevieja, Oropesa, Mutxamel y Moncofa, fruto del plan hídrico del Gobierno del socialista José Luis Zapatero, que invirtió 550 millones de euros en unas infraestructuras todavía infrautilizadas. Las de Castellón se pusieron en marcha bajo amenaza de sanción de la Unión Europea y la sobreexplotación de los acuíferos ha venido incrementando la demanda de las plantas en general. Un informe de Fedea apunta a un elevado coste económico como causa del bajo uso.

Este boom de las desaladoras se produjo entre 2004 y 2011 con el llamado 'Plan agua', a cargo de la ministra Cristina Narbona como respuesta a la 'Guerra del Agua' que libraron dirigentes regionales del PP. El gran plan alternativo al trasvase del Ebro supuso una inversión millonaria y llevó a España a ser el quinto país en potencial de obtención de agua por ósmosis y el primero de Europa. En esta batalla retórica, cuando el PP demonizó las plantas, se aducía que el gobierno socialista dejaría sin agua a los regantes de la Cuenca del Segura o que la limitación de Trasvase del Ebro supondría el fin del desarrollo económico de algunas regiones.

El representante del PP Esteban González Pons llegó a denominarlas “nucleares del mar” y tanto el Gobierno de Francisco Camps como el de Alberto Fabra pusieron trabas a su construcción: el Consell de Camps llevó la planta de Torrevieja al Tribunal Constitucional por su impacto ambiental, perdiendo el recurso, y posteriormente denegó el permiso para el vertido de la planta. Todo su empeño, verbal y económico, se centraba en el trasvase del Ebro: la fundación protrasvase del PP se dejó casi 400.000 euros en acciones contra las desaladoras en campaña electoral.

Hoy, cuando la batalla por el trasvase del Ebro no encontraría ya encaje alguno en el marco europeo, la falta de recursos hídricos vuelve a poner el foco en las desaladoras. En enero de 2023, en el marco del plan antisequía, el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic anunció una línea de ayudas para financiar el precio del agua desalada a los regantes con 10 céntimos por metro cúbico. La desaladora de Torrevieja, proyectada como la más grande de Europa y con una férrea oposición inicial, abastece a los regantes de los municipios de Alicante y Murcia y es su principal fuente para el consumo urbano. En 2018, el senador del PP Antonio Clemente defendió una moción que instaba al Gobierno a duplicar la capacidad de la estación desaladora de agua de mar de Torrevieja (Alicante) y a estudiar la ampliación de las de Águilas y Valdelentisco, en Cartagena (Murcia).

Este lunes, el Gobierno y la Generalitat de Catalunya han acordado repartirse el coste del abastecimiento de agua por mar a Barcelona en caso de que la sequía no remita en los próximos meses. El ministerio de Transición Ecológica asumirá el coste de producir el agua en la desaladora de Sagunt, en València, y el departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya asumirá el gasto de fletar hasta dos barcos diarios hacia el Puerto de Barcelona. Los buques no llegarán hasta junio, según ha apuntado el ministerio, y Acuamed ratifica que requerirán de una obra en el Puerto de Sagunto.

El Ejecutivo valenciano ha mostrado su predisposición a colaborar, del mismo modo que el Ayuntamiento de Sagunt, que suscribió el convenio con la desaladora. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apelado a la “solidaridad entre cuencas y comunidades” y ha defendido el traslado de agua de la desaladora de Sagunt a Catalunya ante la sequía: “No le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó porque sobre la revancha no se puede construir nada”. También ha aprovechado para reclamar “rigor técnico” en esta ayuda -que no suponga una afección a la costa, ha dicho-, así como que lo haya para el Trasvase Tajo-Segura, del que ha denunciado que se ha recortado “políticamente sin un documento que lo acredite”.

Conflicto jurídico con el Ayuntamiento

El alcalde de Sagunt, el socialista Darío Moreno, ha hecho referencia a un conflicto jurídico con la empresa por los costes de construcción y mantenimiento de la planta, que esperan resolver próximamente. Según indica, el Consistorio la reivindica como infraestructura estatal -como se observa con esta crisis-, mientras que la empresa lo hace como local. El convenio con la empresa, firmado hace más de 20 años, determinaba que el consistorio asumiría el coste de la infraestructura aunque desde el Ayuntamiento se argumentan “dos incumplimientos” de ese acuerdo: que la infraestructura se hacía condicionada a un desarrollo empresarial y demográfico del municipio que no se dio en su momento y que la inversión inicial se suponía que sería de algo más de 20 millones de euros pero acabó siendo superior a 40. En 2021 Acuamed llevó al Ayuntamiento a los tribunales porque presentó, “sin acuerdo con el consistorio”, facturas de más de un millón al año, que el Ayuntamiento rechazó porque entendía que no debía asumir esos costes. El año pasado el procedimiento tuvo su primera sentencia, en primera instancia, que se resolvió en favor del Ayuntamiento, si bien la empresa pretendía recurrir la resolución, según fuentes municipales recabadas por Europa Press.