Poner en marcha una reforma de la ley electoral en un Parlamento que hace años que abandonó las mayorías absolutas es una difícil empresa. Las características de la norma requieren el apoyo de dos tercios de la Cámara, una cifra complicada cuando ningún partido supera el tercio de los representantes. Es el caso del Parlamento valenciano, que abordará esta semana un nuevo intento de reforma de su norma electoral, la más rígida del Estado español, pero el mismo ejemplo podría aplicarse al Parlament de Catalunya, que no ha logrado en 40 años una mayoría que lo dote de normativa electoral propia.
Las Corts Valencianes, con 99 diputados y seis grupos políticos, necesitan de 66 diputados para aprobar una reforma de la Ley Electoral, mientras que el Parlament catalán, con 135 diputados de siete grupos políticos, necesita 90 para constituir su propia norma y dejar atrás la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que divide la representación en las mismas circunscripciones que en las elecciones estatales. Así, para conseguir representación en el Parlamento catalán, un partido necesita obtener al menos un 3% de apoyo en su circunscripción. Con este esquema, en el que la provincia de Barcelona aporta casi dos tercios de los escaños de la Cámara (84), la proporcionalidad territorial genera ciertas dudas. Cada diputado elegido en Barcelona representa a unos 65.000 habitantes, mientras que en Lleida cada parlamentario representa a menos de la mitad, 29.000 habitantes. La antigua Convergència, uno de los partidos más beneficiados por el sistema electoral, ha planteado históricamente su negativa a la reforma.
Los diputados que firmaron el Pacto del Botánico en la Comunitat Valenciana han reseteado su proyecto de reforma de la normativa electoral, que pretende mejorar la representatividad reduciendo el listón de entrada del 5% actual al 3% para todo el territorio -el sistema provincial hizo recelar al legislador en su día por la posibilidad de que surgieran partidos cantonalistas en Alicante y terminó limitando la presencia de grupos como el Bloc Nacionalista Valencià-. La barrera elevada también dejó fuera a Esquerra Unida -con un 4,6% de los votos- en las elecciones de 2015, que se reincorporó junto a Podemos en la coalición Unides Podem en 2019 con un 8% de apoyos para la alianza de izquierdas. En las elecciones pasadas, Podemos obtuvo un 11,5% de apoyos, por lo que, de convertirse la diferencia en una tendencia a la baja, tendrían complicado entrar en las Corts Valencianes sin la reforma electoral.
La propuesta incluye mecanismos que podrían ser útiles en un episodio de pandemia como el actual, como el voto electrónico, y mejora la paridad en la Cámara, superando las listas cremallera. Tal como se encuentran las posiciones actuales, la norma valenciana parece abocada de nuevo al fracaso, dado que aunque tenga la mayoría necesaria para iniciar el trámite, los partidos del Botánico necesitan el apoyo de Ciudadanos o el PP para conseguir el mínimo de 66 diputados que la apoyen.
Cuando se planteó el debate, la respuesta de Ciudadanos volvió a ser negativa. Los de Toni Cantó consideran que el sistema propuesto sigue sobrerrepresentando a la provincia de Castellón, aunque los límites del Estatuto de Autonomía solo permitirían reducir el peso de la provincia en 4 diputados, dejándola con 20 escaños. Mientras, los populares que dirige Isabel Bonig planteaban abrir el melón del número total de diputados en la Cámara, que consideran ahora excesivo, pese a que fue su presidente Francisco Camps quien lo elevó de 89 a 99 aprovechando un decreto del Gobierno y su mayoría absoluta parlamentaria en 2007. La reforma de Camps implicó sumar cinco diputados a Alicante (35 en total), cuatro a Valencia (40 en total) y uno a Castellón (24 en total). El Estatuto valenciano indica que cada circunscripción debe tener al menos 20 diputados y el resto se reparten con criterios de población. Si la norma que los populares quieren mantener en Valencia se trasladara a Cataluña, su formación no tendría representación en el Parlamento: obtuvieron un 4,2%, el mismo apoyo que la CUP.