Las comisiones del 3% cobradas por dirigentes del PP por la construcción de nuevos colegios a través de Ciegsa habrían llegado a los 80 millones de euros en dinero negro. Así lo declaró este martes Marcos Benavent, 'arrepentido' clave en las investigaciones sobre el cobro de comisiones por parte de dirigentes del PP en las empresas públicas Imelsa (de la Diputación de Valencia) y Ciegsa (de la Consellería de Educación), quien también habría especificado que el montante variaba según el nivel del cargo que se embolsaba dicha comisión.
El volumen principal de las 'mordidas' se habría producido durante el tiempo que el imputado en la Operación Taula, Máximo Caturla, fue el gerente de Ciegsa, pero estas comisiones se estarían cobrando desde la creación de la propia empresa pública en el año 2001 con Eduardo Zaplana como President de la Generalitat Valenciana. Entonces se puso al frente de la institución a Javier García Lliberós, es marido de la ex consellera zaplanista Alicia de Miguel, también imputada en la trama Gürtel.
La presunta trama corrupta habría sangrado de esta forma a Ciegsa hasta el punto que provocó 1.000 millones en sobrecostes a cargo de las arcas públicas, dinero que presuntamente se habrían repartido entre los comisionistas del PP (incluyendo la presunta financiación ilegal del partido) y las constructoras que recuperaban los precios bajos falseados para obtener la adjudicación de los proyectos. Cuando en 2013 Ciegsa fue absorbida por la Generalitat Valenciana contaba con una deuda de 1.900 millones y un agujero económico de 250 millones. Mientrastanto 15.000 alumnos valencianos están escolarizados en barracones.
Según declaró este martes Benavent -el autodenominado 'yonki del dinero- Ciegsa fue utilizada por los comisionistas del PP para camuflar el tráfico del dinero negro puesto que la gestión escapaba al control de la Generalitat, descontrol de empresas públicas al que quiere poner fin el nuevo gobierno de PSPV y Compromís. Este descontrol de la gestión y las adjudicaciones a empresas amigas llegó a provocar casos como el del IES Lluís Simarro de Xàtiva -ciudad entonces gobernada por Alfonso Rus, uno de los presuntos cabecillas de la trama- que tuvo un sobrecoste del 56%, 4,5 millones más de los 8 por los que se había presupuestado, un criticado 'macrocentro' que desde su inauguración en 2010 todavía no ha podido llenar sus aulas, quedando su ocupación en poco más del 70%.