La policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, junto con ocho personas más en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando Castellano ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.
Alrededor de las 19 horas, Castellano llegaba esposado a los juzgados de Sagunto para tomarle declaración. El juez acordaba la libertad provisional para el ya exdelegado del Gobierno, le retiraba el pasaporte y le prohibía salir del país. Serafín Castellano deberá estar a disposición de la autoridad judicial para acudir tantas veces como sea llamado y la causa sigue estando bajo secreto de sumario.
Según avanzaba el periódico Las Provincias, la policía habría iniciado la operación a las 7:15 horas de la mañana en el domicilio del dirigente del PP en la localidad de Benissanó, y en ella participarían siete agentes junto con personal judicial. La justicia está investigando la participación del delegado del Gobierno en cacerías presuntamente pagadas por un empresario al político valenciano que podrían están relacionadas con las adjudicaciones otorgadas por Castellano a través de mecanismos que levantan sospechas.
La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, que sigue abierta y se ha declarado secreta mientras se están practicando más registros en la Consellería de Gobernación, dirigida actualmente por el sucesor de Castellano, Luis Santamaría.
Antecedentes
Avialsa T-35 SL, empresa dedicada a actividades aeronáuticas, organizó al menos 12 jornadas cinegéticas con empresarios invitados, en las que habría estado Serafín Castellano. Las cacerías fueron pagadas por Vicente Huerta, propietario de la mercantil, según ha confesado a la justicia el exgerente de la empresa Francisco Alandí. De su dinero, a través de la Fundación Huerta, se costeó el material de caza, los gastos de alojamiento de los secretarios que acompañaban y las cenas y las comidas realizadas durante la estancia.
Monterías que se abonaban a través de la simulación de conceptos, según Alandí. Entre estos, destacan los pagos efectuados por la empresa de Huerta a la propietaria del coto de caza, Aprovechamientos Cinegéticos SL, por informes sobre “la intermediación de la compra-venta de determinadas parcelas en la localidad de Viver”. Viver es la localidad donde Avialsa tiene su aeródromo, autorizado por la Conselleria de Territorio en 2007, pese a que su construcción se realizaba en suelo no urbanizable.
Estos pagos fueron cuestionados en un correo electrónico que le remitió el dueño de la empresa cinegética, Andrés Emiliano Castedo, a Huerta, en el que le agradecía “la confianza depositada en la empresa”. Y desvelaba el verdadero objeto de la factura: “Si tienes pensado realizar próximamente alguna cacería, ruego que me lo indiques a la mayor brevedad posible para que las cosas estén en el punto que a ti te gustan”.
Pero no solo se pagaron supuestamente las cacerías a Castellano, sino que también el exconseller de Gobernación recibió presuntamente como regalo un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros. El pago del rifle lo abonó la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunidad Valenciana, según reconoció al Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto el dueño de la armería donde lo adquirió. Además, confesó que se camuflaron los conceptos con una factura falsa para proteger al ex secretario general del PPCV. Rifle, que el propio Castellano admite poseer, pero niega que fuera un obsequio del empresario.
Las vinculaciones entre Huerta y Castellano no se quedan en estos presuntos regalos. El alcalde del PP de la localidad de Quartell, Francisco Huguet, es responsable de relaciones institucionales y gestión de cuentas en Avialsa, según reconoció el propio Huguet, desde hace “siete u ocho años”. Castellano apadrinó al alcalde del municipio de la comarca del Camp de Morvedre en el congreso comarcal contra el candidato afín a Alfonso Rus.
Aún hay más. Huerta también tiene otra vinculación con el PP: el empresario Augusto Tauroni –condenado a cárcel junto con el exconseller Rafael Blasco por el caso de los fondos robados de cooperación– compró tres aviones al contratista de Castellano mediante un sistema de pagos, cuando menos, inusual.
44 millones en aviones
Serafín Castellano adjudicó durante su etapa como conseller de Gobernación contratos millonarios a la empresa de Vicente Huerta. El primero, para el bienio 2008-2009, cuando solo llevaba cuatro meses y medio de conseller y ya había acudido a las cacerías. El contrato adjudicado para el servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales era de 11,6 millones de euros. El segundo, otorgado por los mismos servicios para el periodo 2010-2014, ascendía a 22 millones. En esta ocasión, solo se presentó Avialsa al concurso.
Una contrata que el exconseller aseguró para dos años más a Huerta. A través de una mera resolución administrativa, prorrogaba el contrato otros dos años, hasta 2016. La empresa percibirá 5,6 millones cada año. Una ampliación por un procedimiento de urgencia que no es inusual en las contrataciones otorgadas por Castellano al empresario de aviones.
Castellano cambió la forma de proceder en las adjudicaciones que se habían desarrollado hasta la fecha. Pasó de un sistema de tramitación ordinaria a un mecanismo de tramitación urgente y anticipada que reduce a ocho días los plazos para que se presenten las empresas.