Si Mariano Rajoy no se acordó el pasado sábado del nombre del nuevo Alicante del PP, Luis Barcala, mucho menos querría recordar el nombre de uno de sus antecesores en el cargo del partido, Luis Díaz Alperi, que desde este lunes se sienta en el banquillo por un presunto delito fiscal de 700.000 euros, y por el que le piden 9 años y 9 meses de prisión.
Este lunes empieza en el Juzgado de lo Penal n.6 de Alicante la vista oral del proceso contra Díaz Alperi, que hace frente a la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado -en representación de la Agencia Estatal Tributaria- que le acusan de no han ingresado 682.681 euros a Hacienda durante los años 2007, 2008 y 2010.
La mayor parte de esa cantidad (405.351 euros) corresponde al ejercicio de 2007, cuando Alperi todavía era alcalde de Alicante, ejercicio durante el que tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros pero solo declaró unas retribuciones de 113.250 euros por sus cargos públicos.
Respecto a 2008 -año en que dejó la alcaldía- el montante es considerablemente menor, 144.862 euros, y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de Akra Uno, a través de la sociedad instrumental Andarx Business SL.
Por último, en 2010, Díaz Alperi defraudó, siempre según la versión de las acusaciones, 132.468 euros tras realizar diversos cambios de la propiedad del barco con otro de los sospechosos.
Largo embrollo judicial
La investigación abierta data de 2013, pero fue en 2014 cuando empezó el embrollo judicial que al final se alargará cuatro años. La clave fue la dimisión como diputado de Alperi el 9 de abril de 2014, entonces el TSJCV, con todo preparado para el juiciamiento, se declaró incompetent el 9 de junio, devolviendo así el caso al juzagado de Alicante. No obstante no fue hasta el pasado mes de octubre, más de tres años después, cuando el Juzagado de lo Penal n.6 pidió al TSJCV que asumiera el enjuiciamiento aunque Alperi ya no estuviera aforado.
Esta petición fue contestada con la mencionada negativa del TSJCV reprochando a la vez al juzgado su pasividad que ha provocado la demora que así llegará a los cuatro años, queriendo mostrar su “perpejlidad y preocupación”. Un mes después el juzgado señalaba para este 7 de mayo a las 10h el inicio de las sesiones del juicio oral, yentre el 21 de mayo y el 1 de junio las sesiones ordinarias.
Este alargamiento de las sesiones, según el tribunal, se debe a “la complejidad de su materia, partes acusadas y número de prueba testifical/pericial propuesta; siendo dichas fechas en las que se distribuirán las declaraciones, las testificales y la práctica del resto de prueba propuesta y admitida conforme auto de incoación, que se especificará en posterior diligencia”.
Además de los tres delitos fiscales, la Fiscalía acusa a Díaz Alperi de un delito de cohecho impropio derivado del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante, una infracción que esta parte atribuye también a Javier Palacio.
Brugal
El antiguo dirigente del PP está también a la espera de un juicio por supuesta corrupción, en el marco de una rama del “caso Brugal” relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, hechos por los que enfrenta a peticiones de penas que rondan los diez años de prisión.