La exalcaldesa de Orihuela (Alicante) del PP Mónica Lorente, a quien una juez ha decidido procesar en el caso Brugal, ha rechazado dimitir de sus cargos como concejala o en la Diputación con el argumento de que tiene “la conciencia tranquila”.
Lorente, actualmente portavoz municipal de los populares, ha ofrecido una rueda de prensa en el ayuntamiento oriolano un día después de que se conociera que será procesada junto al también exalcalde de su partido José Manuel Medina, el empresario Ángel Fenoll y 32 personas más por las supuestas ilegalidades en la contrata de basuras de la ciudad.
La que fuera alcaldesa oriolana entre 2007 y 2011 ha sostenido que en el auto de su procesamiento “no se puede acreditar ni un solo indicio, ni una sola sospecha, ni un solo hecho” de que ella haya cometido algún delito.
Sobre los tres supuestos delitos que se le imputan, los de tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración, ha avanzado que presentará un escrito de aclaración al juzgado porque, ha incidido, “no hay ni una sola base con soporte jurídico” que le implique.
Por todo ello, ha continuado que estudia la posibilidad de presentar un recurso de reforma y apelación ante la Audiencia Provincial.
Ha valorado que los cinco presuntos delitos que se le atribuían al inicio de la instrucción se hayan reducido en el último auto a tres, al eliminarse el cohecho y negociaciones prohibidas, y ha asegurado este cambio le proporciona “una tranquilidad abismal”.
Preguntada sobre si tiene intención de dimitir como concejala o en la Diputación Provincial de Alicante, Lorente ha insistido en que figura como imputada únicamente por haber ostentado la alcaldía y ha agregado que “jamás” haría algo que “perjudicara al partido”.
“Hay que ser ejemplar, responsable y voluntariamente consecuente. Afronto esto con paciencia y prudencia, y espero que tenga un buen final: Estoy absolutamente segura de que así va a ser”, ha señalado la dirigente del PP, que prestó declaración voluntaria ante la jueza del Brugal el pasado 10 de julio.
También ha calificado de “paso de gigante” que el auto de procesamiento deje fuera del caso al portavoz municipal adjunto del PP, David Costa, y a otros dos exconcejales populares, Araceli Vilella y Francisco Francoandreu, lo que le lleva a opinar que “el PP de Orihuela hoy sale reforzado”.
Las supuestas irregularidades en las basuras de Orihuela comenzaron a ser investigadas hace siete años y las escuchas policiales dieron origen a una veintena de piezas separadas de posibles casos de corrupción en Alicante, principalmente, y también en Murcia.
Entre esas ramas, están las presuntas ilegalidades en el Plan de Urbanismo de la ciudad de Alicante, donde está imputada la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), en el plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, donde también está implicado el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll (PP) y el plan urbanístico de Rabassa.