El Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregado este jueves a las Corts y al president de la Generalitat el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Administración de 2020. Los auditores no han encontrado situaciones de las que se derive responsabilidad contable, mientras que Cucarella cree que la mayoría de los contratos realizados por el Gobierno valenciano durante la pandemia fueron “correctos”. “En general, las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias”, apuntan.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha destacado “el esfuerzo de la Generalitat para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 durante 2020 y especialmente en lo relacionado con el gasto educativo, social y, por supuesto sanitario” tras conocer el contenido del informe.
En este sentido, Soler ha reiterado que la actuación económico-financiera de la Generalitat durante 2020 estuvo marcada y condicionada por la lucha contra la crisis socio-sanitaria y, por ello, se ha mostrado “satisfecho” de que el informe de la Sindicatura refleje “la prioridad que para el Consell fue el gasto sanitario, la defensa de los servicios públicos fundamentales y la protección de la ciudadanía con el incremento de gasto extraordinario que ello supuso”. En concreto, según los datos de la Conselleria de Hacienda, a fecha 31 de diciembre de 2020 la factura de la COVID-19 superaba los 1.213,2 millones de euros.
Factura COVID 2020
Soler ha puesto así de ejemplo los datos relativos al incremento “significativo” del gasto en personal, que aumentó en 2020 -tal y como queda recogido en el informe- un 8'4% respecto a 2019 al pasar de 6.091,5 millones en 2019 a 6.602,3. Un incremento que se produce como consecuencia “del importante aumento en las contrataciones de personal temporal sanitario y docente para atender las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19, así como del incremento del 2% para de las retribuciones del personal de la Generalitat, personal de conciertos educativos o universidades”, indica el informe.
En concreto, la Sindicatura señala que los programas que mayor incremento registraron fueron el relativo a asistencia sanitaria, con un incremento del 9,3% (hasta los 2.887,2 millones de euros); así como los de enseñanza secundaria (1.477,8 millones, un 7,1%) y el de enseñanza primaria, con un incremento del 7,7% hasta los 1.133,6 millones de euros. De hecho, estas áreas de actividad representan del total de las obligaciones reconocidas del capítulo 1 el 43'6% en el caso del personal sanitario y el 39'6% en el caso del personal educativo.
Si se atiende al número total de personal trabajando se observa, igualmente, un incremento del 9,9% respecto a 2019 al pasar de 138.163 personas a la cifra histórica de 151.836 trabajadores y trabajadoras en 2020 “debido a la necesidad de atender los servicios básicos que prestan de forma temporal, especialmente para la atención continuada en el área de sanidad”, tal y como refleja el informe, al tiempo que la conselleria ya ha comunicado que la mayor parte de este personal temporal, 6.000 en total, se estabilizará en plantilla.
También relativo a la lucha contra la pandemia, y especialmente para atender el gasto sanitario, el informe de los auditores de la Sindicatura refleja el incremento notable de los gastos extra COVID del capítulo II o gastos de funcionamiento, que en 2020 ascendieron a un total 4.092,5 millones de euros, correspondiendo el 65,1% al programa “Asistencia sanitaria” y en concreto, a la compra de material sanitario y suministros de productos farmacéuticos, seguridad y limpieza de centros residenciales, sanitarios, educativos o de transporte público, etc.
A ello hay que sumar el incremento de las transferencias corrientes, ayudas y subvenciones como, por ejemplo, los 25,6 millones destinados a compensar a las universidades por los gastos extraordinarios derivados de la crisis del COVID-19 en el curso académico 20-21 o el impulso de la ayuda financiera del Consell a través del IVF con la aportación de 20,3 millones para los instrumentos financieros del programa FEDER; 20,2 millones de euros por los reavales fallidos de la SGR para que pudiese seguir aportando avales a las nuevas operaciones de financiación solicitadas por las empresas para hacer frente a la pandemia o los 2,2 millones del fondo de último recurso, Fininval.
De hecho, según los datos de la Generalitat, si se analiza la factura COVID de 2020 por capítulos de gasto se observa que el principal esfuerzo se llevó a cabo en los gastos de funcionamiento, con un importe total vinculado al coronavirus de 529,08 millones de euros, seguido de los gastos de personal (299,71 millones de euros) y las transferencias corrientes, con gasto directamente imputable a la factura de la COVID por importe de 298,37 millones de euros.
“La Generalitat hizo en un año tan extraordinario como 2020 un importante esfuerzo económico y de gestión de recursos para que los valencianos y valencianas tuvieran garantizada una adecuada atención sanitaria y que el conjunto de la administración y de servicios públicos siguiese funcionando con normalidad, con las máximas medidas de seguridad y con todas las prestaciones necesarias”, ha señalado Soler quien ha indicado que, pese a todas las “excepcionalidades”, la Sindicatura de Comptes “no ha encontrado ninguna salvedad relevante y ha puesto de manifiesto que las cuentas públicas ”reflejan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Generalitat, sin que se hayan encontrado situaciones en las que pudiera incurrir la responsabilidad contable“.
Recursos del Gobierno central
El responsable de Hacienda, Vicent Soler, ha incidido también en que “el importante esfuerzo económico que ha llevado a cabo la Generalitat en 2020 no hubiese sido posible sin el incremento decidido de los recursos aportados por el Gobierno central para garantizar la suficiencia de las comunidades autonómicas y el mantenimiento del Estado del Bienestar”, tal y como reflejan los datos de la Sindicatura.
En concreto, en 2020 la Generalitat recibió de ingresos del sistema de financiación un total de 13.123,8 millones de euros, lo que representa un 35,37% más que los ingresos asignados en 2015, cuando la Generalitat dispuso de 9.694,6 millones del sistema de financiación, lo que se tradujo en un grado de cobertura de las obligaciones no financieras de apenas el 68,4%; y un 5,3% más que en 2019, cuando los ingresos del sistema de financiación ascendieron a 12.465,1 millones“.
Junto a ello, como detalla el Síndic, el Gobierno inyectó a la Generalitat recursos de carácter extraordinario a través del Fondo Covid 2020 por importe de 1.485,6 millones de euros para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. “Entre los ingresos del sistema de financiación y el Fondo Covid las transferencias del Gobierno ascendieron a 14.609,4 millones de euros, lo que supone un 50,7% más que en 2015 y un 19,6% más que en 2019”, destaca Soler, que subraya que gracias a eso “la tasa de cobertura de las obligaciones no financieras de la Generalitat alcanzó el 83'2%, la más alta de la serie”.
La Generalitat también recibió del Gobierno otros 72 millones para otros ingresos finalistas derivados de la pandemia y 1,2 millones en donaciones obtenidas por particulares, lo que da una suma total de 1.558 millones de euros adicionales.
No obstante, el conseller ha incidido en que “el incremento puntual de recursos ha garantizado la suficiencia financiera de las CCAA, pero ahora lo fundamental es que los recursos extraordinarios se consoliden de forma estructural” y ha recordado que “los ingresos del sistema de financiación para la Comunitat Valenciana, aunque han mejorado, no han sido en ningún caso suficientes para cubrir las obligaciones de gasto en servicios públicos fundamentales de la Generalitat, por lo que, para poder gastar por habitante igual que la media de las autonomías no hemos podido más que recurrir a un mayor endeudamiento”.
De esta forma, tanto Soler como el informe de la Sindicatura inciden en que la obtención de recursos a través del FLA “dificulta la consecución de los objetivos de déficit y deuda”. “Si los fondos llegasen a través del sistema de financiación autonómica, como reclamamos desde la Generalitat, no se incrementaría el endeudamiento como sucede actualmente”, ha lamentado Soler tras reclamar de nuevo la necesidad “no solo de que el Gobierno aborde la reforma del modelo de financiación de forma urgente, sino también que se cree hasta entonces un mecanismo transitorio para las autonomías peor financiadas que iguale nuestros recursos a los de la media”.
Así, el conseller destaca el hecho de que el Síndic reconozca que la sistemática discriminación financiera de la Comunitat Valenciana puede comprometer “el acceso de los valencianos a los servicios básicos en condiciones de igualdad con el resto de comunidades autónomas”. “Incluso el propio Síndic se muestra convencido de que pese a la infrafinanciación, no podemos dejar de garantizar los servicios esenciales a los valencianos y valencianas para igualarlos a la media española” ha reiterado Soler tras incidir en que “en la Comunitat no tenemos un problema de exceso de gasto, sino de falta de ingresos”.
Modificaciones presupuestarias para luchar contra la pandemia
La Sindicatura de Comptes recoge asimismo en su informe la aprobación de modificaciones presupuestarias por un importe conjunto de 4.334,1 millones de euros por lo que el presupuesto definitivo ascendió en 2020 a 27.356,1 millones de euros (un 18,8% más). Entre ellas destacan por valor de 1.762,4 millones de euros las generaciones de crédito, que han sido financiadas principalmente mediante las distintas transferencias del Estado y Fondo COVID para hacer frente a la pandemia.
Si se analizan las modificaciones presupuestarias por secciones e ingresos, se observa que la Conselleria de Sanidad concentra gran parte de las modificaciones presupuestarias del ejercicio, con un total de 1.714,4 millones para los capítulos de gastos de funcionamiento (1.121,7 millones); incrementos de gastos de personal (335,9 millones) y transferencias corrientes (221,9 millones de euros).
La Conselleria de Igualdad, con 207,6 millones de euros por el incremento fundamental de las transferencias corrientes; y la Conselleria de Política Territorial, con 112,4 millones fundamentalmente para gastos de funcionamiento y transferencias corrientes, completan los departamentos que han registrado mayores modificaciones presupuestarias.
Reducción de facturas pendientes y acreedores de la Generalitat
El informe de los auditores también destina en su informe parte del análisis a la composición de la conocida como Cuenta 413, que hace referencia al gasto pendiente de imputar al presupuesto, que ha registrado un descenso significativo del 13,65%, al pasar de 945,2 millones en 2019 a 816,2 en 2020.
“Incluso en plena pandemia, hemos hecho un esfuerzo significativo para reducir los saldos acreedores de la Generalitat, reconocer y abonar gastos y facturas pendientes y reducir el elevado volumen de gasto pendiente de imputar al presupuesto que heredamos de anteriores gobiernos”, ha señalado Soler, quien ha puesto en valor, especialmente, el esfuerzo por reducir estas facturas por parte de las conselleries, siendo Sanidad la que ha registrado mayor saldos acreedores por importe de 234 millones de euros, de los cuales 167,8 corresponden a adquisiciones de productos farmacéuticos.
“Es evidente que nadie esperaba al diseñar los presupuestos de 2020 que deberíamos hacer frente a la pandemia más virulenta de los últimos siglos, pero una vez más queda reflejado el ejercicio de responsabilidad y gestión eficiente del dinero público por parte del Consell, que se comprometió con el abono de facturas a proveedores y acreedores para que pudiesen disponer de la liquidez necesaria”, ha señalado el responsable de Hacienda, al recordar que “la gestión del pago a proveedores por debajo de los 30 días de forma continuada desde agosto de 2020 ha permitido a la Generalitat salir del control financiero del Gobierno, al cumplir con la normativa de morosidad, cosa que no había sucedido desde 2012”.
En conjunto, las cuentas acreedoras de la Generalitat se han reducido a lo largo del ejercicio de los 4.010,6 millones de 2019 a los 2.895,7 millones de euros de 2020 (un 27,80%), siendo las reducciones más significativas las registradas por operaciones de gestión tanto del ejercicio 2020 como de ejercicios anteriores.
Se ha incrementado, sin embargo, un 2,5%, a lo largo del ejercicio 2020, el número de expedientes por enriquecimiento injusto por un importe total de 1.763,3 millones de euros, como consecuencia, principalmente, del incremento de expedientes de la Conselleria de Sanidad para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, que conllevó gasto sobrevenido y extraordinario, seguida de la Conselleria de Igualdad.
En concreto, el departamento sanitario ha registrado enriquecimientos injustos por valor de 1.602,4 millones de euros (el 90,9% del total) especialmente en las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 2 del presupuesto de esta conselleria. Por su parte, Igualdad ha registrado enriquecimientos por valor de 120,1 millones de euros y, finalmente, Agricultura 107 expedientes por valor de 20,4 millones de euros, en ambas conselleries derivados de gastos de funcionamiento de capítulo II para hacer frente a la pandemia.
El 95,1% del presupuesto ejecutado
Según señala la Sindicatura, el grado de ejecución presupuestaria de 2020 ha sido del 95,2%, 1,4 puntos más que en 2019 a pesar de la pandemia, con un grado de cumplimiento o de pagos del 91,4%. Es decir, en términos absolutos en 2020 el Consell ejecutó un total de 26.039 millones de euros, 3.204,1 millones de euros más que en el ejercicio anterior.
Por secciones, las Conselleries de Sanidad y Educación concentran el 47,2% del total de obligaciones reconocidas del ejercicio, mientras que por programas de gasto, el servicio de la deuda, la asistencia sanitaria, la enseñanza primaria y secundaria y, finalmente, las prestaciones farmacéuticas representan el 74,4% de las obligaciones reconocidas, un total de 19.381,6 millones de euros.
Si se analiza por capítulos, destaca la importante reducción de los gastos financieros de un 23,3%; así como el incremento en un 18,1% de las inversiones reales hasta los 487,6 millones de euros y de los gastos de funcionamiento, que en 2020 alcanzaron los 4.092,5 millones de euros, un 14,6% más que en 2019.
“Pese a las complicaciones presupuestarias derivadas de la atención urgente a la emergencia de la Covid, hemos hecho el esfuerzo de garantizar no sólo los servicios fundamentales de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, sino también aumentar las prestaciones y las inversiones, impulsando la actividad económica y garantizando los recursos y la liquidez suficiente a ciudadanía y empresas”, ha sentenciado el responsable de Hacienda tras señalar que la liquidación presupuestaria también recoge una mejora sustancial del resultado presupuestario no financiero (capítulo 1 a 7), que pasa de los -2.456,19 millones de euros en el ejercicio 2019, a -1.806,16 millones de euros en 2020.
Endeudamiento vinculado a la infrafinanciación
En relación con la deuda financiera, el informe de la Sindicatura pone de manifiesto “la dependencia del endeudamiento que tiene la Generalitat para hacer frente a los servicios públicos fundamentales como consecuencia ante la falta de recursos procedentes del sistema de financiación”, tal y como ha señalado el conseller Soler.
En concreto, de los 52.449,2 millones de euros a los que asciende en 2020 la deuda financiera, 42.935 corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Estado. “Desde 2012 la financiación total obtenida de los mecanismos estatales de financiación asciende a 65.208,8 millones de euros, ejemplo claro de que los recursos que deberían llegar a la Comunitat sin coste alguno a través del sistema de financiación para hacer frente a los gastos de nuestra Sanidad, Educación y Servicios Sociales están llegando a través del FLA y con intereses” ha señalado el responsable de Hacienda.
De esta forma, el responsable de Hacienda ha afirmado que además de la reforma inmediata del modelo y de la necesidad de que se apruebe un fondo compensatorio, “el gobierno debe plantear a la mayor brevedad posible cuál es la solución para la totalidad de la deuda histórica derivada de la infrafinanciación”.
En 2020 se han registrado derechos por un importe de 10.449,2 millones de euros de los cuales 8.160,6 millones de euros corresponden a préstamos a largo plazo por el FLA de 2020 y el extra FLA de 2019 con los que la Generalitat ha pagado deudas financieras y comerciales, así como deuda pendiente del sector público instrumental, las entidades feriales o las universidades; y 2.288,5 millones por catorce préstamos con entidades financieras con el objetivo de amortizar anticipadamente operaciones de crédito con el FLA de ejercicios anteriores con mayor carga financiera, para mejorar sus condiciones.
Eficaz actuación en materia de ciberseguridad
La Sindicatura de Comptes hace una reflexión en su informe de fiscalización sobre la necesidad de aumentar la seguridad de todos los sistemas de información y comunicación que existe en la función pública y que provoca que las administraciones sean más vulnerables ante los ciberataques.
A este respecto, el informe de control considera destacable que desde la conselleria de Hacienda y Modelo Económico haya impulsado dentro de su organigrama una subdirección general dedicada exclusivamente a la ciberseguridad “con un avance significativo en la dotación de recursos” así como el hecho de que la Generalitat haya establecido dentro de su Plan Estratégico de Transformación Digital, GEN-25, como su primera línea estratégica la lucha contra los ciberataques.
Baja un 13,4% el riesgo vivo por avales de la Generalitat
El informe de control de la Sindicatura de Comptes destaca que el riesgo vivo por operaciones avaladas a Aerocas, CACSA, EVHA, EPSAR, FGV y la SGR se ha reducido un 13,4% en el último año, situándose en 530,1 millones de euros frente a los 611,8 millones de 2019. Además, hay que tener en cuenta que el riesgo vivo de avales de la Generalitat se ha reducido progresivamente desde 2015 y en sólo dos años la disminución se ha situado en un 35%.