La Fiscalía de Dénia ha formulado denuncia contra el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, quien también preside la Diputación de Alicante, al considerar que podría haber cometido dos presuntos delitos de coacciones y de malversación de fondos públicos tras haber examinado la denuncia presentada por un trabajador del ayuntamiento, cuya identidad se encuentra ahora mismo bajo el amparo de la Ley de Protección al Denunciante, aprobada por el Consell en diciembre para casos de corrupción.
Los hechos se remontan a la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015, a las que Sánchez, que en aquel momento ya era alcalde, volvió a concurrir liderando la lista del PP en Calp. Según el contenido de la denuncia, el primer edil se puso en contacto con el trabajador con la intención de que colaborase con su jefa de campaña, Paula Meseguer, indicándole que tenía que “pensar en su hijo”. Es decir, que Sánchez, según la denuncia, habría utilizado a un funcionario interino cuyo sueldo es público en provecho de su candidatura y en detrimento de las del resto de grupos políticos que se presentaban a aquellos comicios.
El trabajador relata que a partir de aquel momento se reunía con Meseguer en el propio ayuntamiento de Calp para preparar los discursos del candidato, redactar el programa de la lista o “realizar boicot mediático a otros partidos”. La denuncia aporta pruebas documentales y correos electrónicos que demostrarían estas afirmaciones, así como testigos de las mismas.
El denunciante agrega que el alcalde “dispuso ilícitamente de medios municipales atendiendo a su cargo como alcalde, ejerciendo un abuso para hacer campaña electoral, sacando provecho personal de una institución pública, con abuso de un trabajador municipal que no prestaba sus conocimientos profesionales de forma voluntaria en ningún caso y mediante presiones en mi puesto de trabajo bajo amenaza de perderlo”. Meseguer, la jefa de campaña en aquellos comicios de hace dos años, trabaja en la actualidad en la Diputación de Alicante, institución presidida por Sánchez.
La Fiscalía pide que Sánchez declare en calidad de investigado (la actual acepción de imputado) por la posible comisión de un delito tipificado en el artículo 172 del código penal y que prevé pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados; y por otro de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 432 del mismo código, que contempla pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
El fiscal, que ha interesado incoación de las correspondientes diligencias previas, envió su formulación el pasado 8 de mayo al Decanato de Dénia, que a su vez ha remitido el caso al juzgado número 2 de la ciudad, que es el que ahora ha de decidir sobre la apertura de diligencias.