El 22 de diciembre de 2020, Francisco Camps tomaba la decisión de volver a la política activa abriendo un perfil en Twitter. El 1 de enero, como si estrenara agenda, el expresidente felicitaba el año recordando el gran premio de Fórmula 1 por el que la Fiscalía Anticorrupción inició varias investigaciones de las que –hasta la fecha– ha salido airoso. Desde entonces, semana tras semana, el expresidente del PP valenciano organiza comidas, ruedas de prensa o concede entrevistas para recolocarse en el tablero político, nostálgico de la primera década de los dos mil en la que levitaba por el Palau de la Generalitat Valenciana. En una de ellas, en el diario Las Provincias, el exdirigente popular amenazó con presentar una denuncia contra el presidente Ximo Puig. “Estamos preparando ya una denuncia contra Ximo Puig y su mano derecha, Andreu Ferrer, por el uso partidista de la Abogacía de la Generalitat”, dijo Camps, mientras que en otros foros expresaba su deseo de ser candidato del PP a la Alcaldía de València.
El caso del expresidente valenciano podría ser meramente el de un expolítico que quiere llamar la atención de su partido si no fuera porque forma parte del organismo que asesora jurídicamente a la Generalitat a la que amenaza con denunciar. Camps se acogió al Estatuto de expresidentes en 2011 y es vocal nato del Consell Jurídic Consultiu, el organismo estatutario que evalúa las normas del Gobierno valenciano con carácter preceptivo, no vinculante. Para el ejercicio de sus funciones el Jurídic “goza de autonomía orgánica y de funcionamiento, quedando así garantizada su objetividad y su independencia”; un principio que tiene difícil encaje con una campaña electoral y de promoción para conseguir liderar un partido político.
La norma de expresidentes establece que quienes superen una legislatura al frente de la Generalitat podrán ser consejeros natos durante 15 años. En, 2018, según el portal sueldos públicos, el salario del expresidente era de 58.000 euros anuales. En 2021, el presupuesto anual para altos cargos del Consell Jurídic Consultiu es de 711.105 euros, sin desglosar. Siguiendo lo indicado en el texto legal, Camps estará cobrando un sueldo público hasta 2026 si no decide abandonar el organismo. Como expresidente también tiene derecho al tratamiento vitalicio de Molt Honorable, a coche oficial, oficina y dos trabajadores de apoyo.
La reforma del estatuto de expresidentes y otras normas que protegen a los dirigentes pese a las sombras judiciales es una de las piedras en el zapato de los partidos que firmaron el Pacto del Botánico. PSPV, Compromís y Unides Podem–Esquerra Unida dejaron pendiente la pasada legislatura la modificación de la norma, pese a que exigieron la dimisión de Camps en numerosas ocasiones y la retirada de su título como Molt Honorable. La que fuera una de las propuestas estrella de Podemos en su llegada en solitario a las Corts Valencianes sigue en el cajón y sin visos de ser rescatada en el corto plazo.