El Gobierno valenciano tendrá que hacer frente a otro pago de 4,8 millones de euros en intereses de demora de proyectos de la etapa del anterior Ejecutivo del PP. En concreto, estos intereses obedecen a las obras del Tram de Castellón, dependientes de la conselleria que gestionaba Isabel Bonig.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló en 2014 esta forma de fijación de intereses de demora que considera ilegales al estimar una demanda de una agrupación empresarial. Se trata de un sistema de pago de intereses, que dejaba totalmente en manos de la Conselleria el cálculo de los mismos y no vinculado a las certificaciones de obra.
Según explican fuentes de Presidencia “los gobiernos del PP en la Generalitat utilizaron indiscriminadamente hasta el año 2009 el sistema de pago aplazado para diferir mediante aplazamiento a ejercicios futuros (a cargo de futuros gobiernos y de los ciudadanos valencianos del futuro) la obligación de satisfacer los costes de las inversiones en la ejecución de obras públicas previstas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas”.
El Ejecutivo autonómico aún está calculando el importe de las cuantías que deberá pagar a las empresas afectadas por este método.