El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiarán fórmulas para que la multa del Tribunal de la Unión Europea de 19 millones de euros por el déficit de la Comunitat la paguen sus “responsables”, los gestores del PP en la Generalitat, y no los valencianos.
Soler ha señalado en los pasillos de las Corts que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya descontó “unilateralmente” en noviembre de 2016, de las entregas a cuenta por la financiación, el importe de esa multa, motivada por la “manipulación” de estadísticas del déficit entre 2008 y 2011, cuya sentencia ha sido ratificada y contra la que no cabe recurso.
El conseller ha recordado que el Gobierno valenciano de 2012 fue el que comunicó la existencia de un déficit no declarado de 1.900 millones de euros, por lo que esos gestores son “los responsables de este hecho inédito en la historia europea”, pues solo ha existido en Grecia otra sanción de estas características.
A su juicio, esto es “un paradigma” de la forma de actuar del PP, y por ello la Generalitat va a trabajar “a fondo” la sentencia, porque no quiere que los valencianos paguen ese importe, sino que haya “responsables concretos” de este “agujero negro”, que es “uno más de los muchos que dejó el PP” en una “ruina en diferido”.
El conseller no ha precisado cómo se articulará esa reclamación de responsabilidades, pero ha insistido en que el objetivo es evitar que sea el contribuyente valenciano el que pague ese importe, pues es “mucho dinero” y se debe a la “la mala gestión del PP”.
Práctica que arranca con Joan Lerma como president
El diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez ha asegurado este miércoles que la práctica que ha sido multada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arrancó en 1988, con el Gobierno del socialista Joan Lerma, siendo jefe de gabinete el president de la Generalitat Ximo Puig.
“Esto es una práctica que se venía realizando”, ha dicho Ibáñez, quien ha señalado que se trata de una práctica “absolutamente técnica” que hace la Intervención de la Generalitat y que “está ajena a cualquier intencionalidad política”.
También está ajena, según el parlamentario popular, “de cualquier mala fe” y ha destacado que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) “puso fin a esto cuando tuvo conocimiento con el registro de facturas y las cuentas 409 y 411”, en las que hoy la Conselleria de Sanidad “tiene más de 1.100 millones en facturas pendientes de pagar”.
“Es algo que viene de hace muchísimos años, del gobierno socialista de Lerma”, ha insistido Ibáñez, quien ha señalado que también se culpa al Gobierno de que no informara al Euroestat de estas facturas.
El diputado del PP ha dicho que ahora no se puede hacer otra cosa que “acatar la resolución” del tribunal europeo, y sobre quién debe pagar la multa ha señalado que es algo que deben dirimir el Gobierno central y valenciano, aunque ha indicado que Soler dijo en sede parlamentaria que la Generalitat ya había adelantado el dinero.