El Pleno del Consell aprueba este viernes el decreto de viviendas protegidas que unifica las obligaciones para promociones públicas y privadas y blinda su uso social. El texto actualiza una normativa que llevaba una década sin revisarse y busca consolidar el parque público de vivienda, estableciendo que los inmuebles que tengan consideración de vivienda protegida no puedan perderla con los años. Además, la norma establece una reserva del 40% de las promociones públicas para jóvenes, una medida que ya se ha puesto en marcha en el barrio de la Torre.
Desde la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda, que dirige Héctor Illueca, destacan que el acuerdo, que ha requerido de un “proceso de elaboración complejo”, es fruto de “un esfuerzo de diálogo de todos los actores” y aseguran que recoge las inquietudes de los promotores. El decreto lleva dos años en fase de elaboración, desde que en julio de 2021 arrancara la mesa de trabajo, y ha pasado por numerosos filtros.
El decreto incluye una limitación de los alquileres en las viviendas protegidas en función de la renta de las familias. El texto legal usa como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por tramos, de forma que a una unidad de convivencia no se le pueda exigir un alquiler que supere el 25% de sus ingresos. Así, por ejemplo, a un hogar que reciba 1.500 euros mensuales no se le podrá exigir más de 375 euros de alquiler por una vivienda 'tipo' de 75 metros cuadrados; mientras que si la renta es de 2.700 euros el precio no podrá superar los 675 mensuales, con los gastos de comunidad incluidos. Hasta la fecha el precio del alquiler se calculaba tomando como referencia el precio de venta, mientras que ahora se fijará teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los hogares.
La norma actualiza los precios de venta, estableciendo que nunca podrán superar los precios de mercado, y situando como máximo los 2.200 euros por metro cuadrado, tomando como referencia los datos de compraventa del del consejo general del notariado. La cifra será revisada si el índice de precios sufre una variación de un 5% anual, tanto al alza como a la baja, según los datos del Instituto Valenciano de Edificación. El decreto acaba con las zonas geográficas, que establecían precios por módulos según el municipio, y toda la Comunitat Valenciana tendrá la misma consideración en cuanto a vivienda protegida.
Además de fijar un límite de precios y asegurar que la vivienda de protección no pierda esta consideración para evitar su uso especulativo, el decreto establece que la Generalitat Valenciana tendrá derecho de adquisición preferente. De forma similar a la legislación del decreto de tanteo y retracto, la Generalitat podrá pronunciarse sobre si desea adquirir hasta el 100% de las viviendas de protegidas de promoción privada durante el proceso administrativo de calificación provisional. Estas viviendas pasarán al parque público y se reservará un 40% de ellas para jóvenes en régimen de alquiler. El departamento que dirige Illueca quiere que en la medida de lo posible las viviendas públicas se destinen a este fin, al que dedica un capítulo propio en la norma.
Con este texto la Conselleria de Vivienda pretende reactivar las promociones de vivienda protegida, que se encuentran en mínimos históricos en la Comunitat Valenciana, e incrementar las viviendas disponibles en el parque público. Actualmente la Comunitat Valenciana gestiona 14.000 viviendas en este régimen y, pese a las incorporaciones en la última legislatura, el parque público apenas ha crecido en 600 viviendas, dado que algunas han pasado al mercado. El departamento dirigido por Unides Podem calcula que en la próxima década se perderán unas 3.000 viviendas públicas por compromisos de venta suscritos bajo la legislación impulsada por el PP.