El Ministerio del Interior ha cesado al jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, José Javier Cuasante, tal y como se recoge en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado martes 5 de febrero. Cuasante ha sido relevado del cargo por “razones operativas” y no guarda relación con su labor desarrollada al frente de la Jefatura desde 2016.
El 16 de marzo de 2016, el Boletín Oficial del Estado publicaba el nombramiento de Cuasante, hasta ese momento responsable provincial en Alicante, como jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana en sustitución de José Manuel Salgado. El responsable de esta designación fue el entonces ministro del Interior, el polémico Jorge Fernández Díaz. Cuasante era afín al entonces director general de la Policía Nacional, el actual senador popular Ignacio Cosidó, y próximo al exconseller y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, quien también fue responsable de la Policía Nacional con José María Aznar como presidente del Gobierno.
En abril de 2015, el juez Manrique Tejada del Castillo recurrió a la Unidad de Apoyo Para Causas por Corrupción (UACC) -instrumento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- para reclamar una serie de informes que el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante había solicitado a la policía que entonces dirigía Cuasante como jefe provincial (fue nombrado en febrero de 2014). La UACC envío en abril de 2015 una carta a Cosidó para que eliminara los “obstáculos” que impedían la emisión de esos informes.
Se trataba de documentación relacionada con el caso Brugal y con la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, en la que se vieron implicados los exalcaldes de la capital alicantina Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y otros nombres como el empresario Enrique Ortiz, uno de los que confesó la financiación ilegal del PP en el juicio de la Gürtel valenciana.
Antes de recurrir al Consejo General del Poder Judicial, el juez Tejada del Castillo había enviado un escrito al comisario Cuasante en el que le exigía información sobre el estado de la investigación y para que pusiera los “medios personales y/o materiales necesarios” para que la policía emitiera sus conclusiones de la investigación desarrollada en el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. El malestar del magistrado estaba provocado por el retraso de cinco años en remitir la documentación por parte de la policía.
El caso Brugal data de 2010 y, nueve años después, sigue pendiente de fecha para la celebración del juicio. Cuasante y la policía -en manos del PP- son en parte responsables del retraso en la instrucción
Esta falta de colaboración también le fue reprochada a Cuasante por Rosa María Villegas, la jueza de Orihuela que investigaba la adjudicación del tratamiento de basuras en la comarca de alicantina de la Vega Baja, aunque en esa ocasión se había producido un error en el envío de los documentos en bruto, sin analizar, que pudo ser subsanado.
Renovación de la cúpula policial
Con esta destitución, Grande-Marlaska ha renovado la cúpula policial en apenas siete meses. Además de relevar a los jefes superiores de comunidades como Baleares y Navarra -este último después de que se difundieran las descalificaciones en redes sociales contra políticos de izquierdas- en octubre nombró a Eugenio Pereiro como comisario general de Información y a Juan Enrique Taborda como comisario general de Extranjería y Fronteras.