La investigación judicial sobre la organización de la Fórmula 1 en València entre 2008 y 2012 cumple cinco años con varias de sus piezas en vía muerta y sin que, por el momento, se hayan podido concretar las responsabilidades atribuidas en su día a los promotores de los grandes premios.
La investigación judicial, que arrancó en diciembre de 2014 con una querella de Anticorrupción -basada en denuncias previas de EUPV y PSPV-PSOE- llegó a estar dividida en cuatro piezas en dos juzgados diferentes, si bien actualmente solo una de ellas parece encaminada a la celebración de un juicio que, muy probablemente, carecerá de responsables políticos.
En Instrucción 2 se mantienen abiertas tres piezas: la primera sobre las negociaciones para la organización de estas pruebas automovilísticas -recientemente reabierta por orden de la Audiencia Provincial, ya que el juzgado la desestimó-, la compra de Valmor por el Consell y las adjudicaciones del Circuito del Motor.
La Audiencia Provincial, por el contrario, dio carpetazo el pasado julio -siguiendo el criterio de la Fiscalía- a la causa que se investigaba en Instrucción 17 sobre la construcción del circuito urbano en la que estaban investigados el expresident Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores, entre otros.
De las tres piezas que se mantienen vivas en Instrucción 2, únicamente la tercera -contratos realizados por la empresa pública Circuito del Motor- tiene, por el momento, la consistencia suficiente como para llegar a juicio.
De cualquier modo, la acusación, que se dirige contra una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio García, sería únicamente por prevaricación, es decir, que conllevaría solo penas de inhabilitación, según las fuentes judiciales consultadas por EFE.
El desarrollo de esta pieza está pendiente de que el juez resuelva ciertas dudas sobre el periodo válido de instrucción y si, en consecuencia, se pueden agregar a la causa nuevas evidencias de posibles irregularidades en la contratación y montaje de suministros necesarios para estas pruebas deportivas.
Respecto a la primera de las piezas, la Fiscalía ha pedido recientemente la citación del responsable de la Intervención de la Generalitat que elaboró un informe sobre el contrato por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor, puesto que la investigación sobre toda la organización de la Fórmula 1 ha quedado constreñida a este único movimiento.
Ese contrato fue firmado el 19 de julio de 2011 por Camps, un día antes de su dimisión como president de la Generalitat, y, según el referido informe, no respetó “los principios de legalidad administrativa y financiera, de contabilidad y de control que forman parte del ordenamiento jurídico de la Generalitat”.
Con la prevención de lo que se pueda acordar respecto de esta declaración y su contenido, en caso de producirse, los investigadores son conscientes de que este aval no llegó a entrar en vigor y que, probablemente, el expresident -único imputado en la pieza- quede exonerado, al igual que sucedió con la causa de Instrucción 17.
La segunda, en la que se analiza la compra de la empresa Valmor en diciembre de 2011 por parte del Consell dirigido por Alberto Fabra es la que menos ha avanzado en gran medida por la dificultad que entraña enmarcar el posible ilícito en un tipo penal concreto.
En esta pieza se analiza quizá uno de los aspectos más controvertidos de este gran evento, la compra de Valmor por parte de la Generalitat por 0,99 céntimos en diciembre de 2011, que permitió enjugar las cuantiosas pérdidas de la empresa privada (Valmor) que pusieron en marcha Fernando Roig, Jorege Martínez “Aspar” y Bancaja, superiores a los 40 millones de euros.
Este “rescate”, que hizo efectivo el Consell presidido por Alberto Fabra tras la dimisión de Camps, supuso la asunción de las citadas deudas, pero también de los “activos” de Valmor, es decir, su capacidad de organizar los grandes premios, y evitó el pago de una penalización superior a los 70 millones de euros, según han explicado a EFE fuentes conocedoras del caso.
Si el Ejecutivo valenciano del PP argumentó en reiteradas ocasiones que la compra de esta firma fue más rentable que dejar de organizar la Fórmula 1 y abonar la correspondiente indemnización, otras partes sostienen que la Generalitat era desde 2009 (el segundo de los cinco grandes premios) copromotor del evento, junto con Valmor, y que podría haber continuado con la gestión, como en la práctica hizo a través de Circuito del Motor.
Además del recorrido penal de esta causa, en diciembre de 2013 Compromís presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, que posteriormente se transformó en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor.
En este proceso la Generalitat reclamó el pago de 24 millones a la exconsellera Lola Johnson y 14,6 millones a la exconsellera Trinidad Miró, entre otros ex altos cargos, por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula 1 en 2008, 2009 y 2010.
La demanda fue desestimada en su integridad y la Generalitat deberá asumir unas costas procesales que se han estimado en unos 1,5 millones de euros, si bien podrían ser superiores dado que el asunto ha sido recurrido por la Abogacía.