La presunta financiación ilegal del PSPV ha protagonizado este viernes la comisión parlamentaria que se desarrolla en el Senado sobre la financiación de los partidos políticos. En una jornada en la que se ha citado a diferentes excargos socialistas, el primero en comparecer ha sido el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, a quien se le ha cuestionado por las prácticas investigadas por la justicia.
“Le pronostico que la investigación judicial abierta en Gandia acabará archivada en diligencias previas”, ha dicho el también asesor del president Ximo Puig, quien ha asegurado que desconocía lo que se ha publicado en las últimas semanas y ha lamentado, “como eximputado” (ha sido imputado en cuatro ocasiones, “todas ellas sobreseídas en diligencias previas”), la utilización de las imputaciones “como arma arrojadiza”.
Sobre la adquisición de un inmueble en Gandia por parte de la Federación Valenciana de Fútbol por 525.000 euros -con una subvención municipal- y que está siendo investigada por la justicia, el exalcalde de Gandia ha entregado la documentación correspondiente al expediente municipal.
“Pongo en cuestión el origen de la denuncia, el exdirigente popular Pepe Císcar que aportó una información que le facilitó Arturo Torró -exalcalde popular de Gandia-, quien lleva desde el día siguiente a perder la alcaldía asegurando que o le devolvíamos la alcaldía o hacía pública esa supuesta documentación”, ha asegurado. Además, ha recordado que Torró está “va a ser procesado por haberse apropiado de 3,5 millones de euros de una empresa instrumental municipal”.
Orengo, quien ha conseguido desquiciar al portavoz popular en la comisión, Luis Aznar, e incluso a la presidenta de la comisión, María Rosa Vindel (PP), ha sentenciado que “en el caso hipotético de que eso se hubiera producido -la supuesta financiación ilegal del PSPV-, nada he tenido que ver”.
Cuestionado por los contratos con la agencia Crespo Gomar, a la que Aznar se ha referido como la “financiadora del PSPV”, el socialista ha reconocido las contrataciones que se hicieron en el ayuntamiento con la mercantil en su etapa como alcalde, unos contratos “limpios y lícitos, perfectamente tramitados y fiscalizados, con una contraprestación clara y auditada”.
No obstante, ha matizado que las adjudicaciones que se realizaron a esta empresa siendo él alcalde fueron por un importe “diez veces menor a los contratados posteriormente, con Arturo Torró y el Partido Popular en el gobierno municipal”. “Si ponen en cuestión esos contratos, extienden la sospecha a todas las contrataciones”, ha matizado.