La jueza del metro cita a declarar a los cinco imputados clave por el accidente en un solo día

Después de que la Audiencia de Valencia ordenara el pasado 19 de febrero reabrir por tercera vez el caso del metro, la jueza Nieves Molina ha citado a declarar el próximo 26 de marzo a la exgerente de Ferroccarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y otros cuatro imputados clave en la causa. Además, la instructora ha trasladado a las partes la petición de la Fiscalía para que la investigación se prorrogue tres años más, tal y como ha informado el TSJ valenciano.

La resolución de la Audiencia de Valencia abría las puertas a citar como imputados a Marisa Gracia, exgerente de FGV; Salvador Orts, exjefe de estudios y proyectos y miembro del Comité de Seguridad; Francisco Gracía, director técnico de la explotación y miembro del Comité de Seguridad; Vicente Antonio Contreras, director adjunto de la explotación; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1; Juan José Gimeno, exdirector de la Auditoría para la seguridad y circulación; y Manuel Sansano, exdirector de Operaciones.

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia archivó el procedimiento -que investigaba el siniestro que provocó la muerte a 43 personas y causó heridas a otras 47 el 3 de julio de 2006- el pasado mes de mayo al descartar la existencia de responsabilidades penales y al no considerar acreditado un fallo o mal estado del material o la infraestructura, una decisión que fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.

Marisa Gracia, procesada por irregularidades

La exgerente de FGV ha sido procesada, junto a los dos exdirectivos Vicente Contreras y Manuel Sansano, por presuntas irregularidades en contrataciones de seguridad en la empresa pública. El procedimiento, que instruye el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, reabrió esta causa después de que la Audiencia de Valencia así lo ordenase tras el archivo de la causa en octubre de 2017.

El procedimiento se centra en dos aspectos: pago de penalidades de dos empresas de seguridad entre los periodos 2007 y 2011; y adjudicación de contratos de servicios.