El juicio oral contra el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat Valenciana durante el gobierno de Francisco Camps para cooperación internacional, el denominado caso Cooperación, empezará el próximo 7 de enero.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), además de Blasco están imputadas otras ocho personas por tráfico de influencias, falsedad, prevaricación, malversación y fraude en la concesión a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.
Los procesados en esta pieza son, además de Blasco -ex portavoz del PP en Les Corts y ahora diputado no adscrito-, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de la fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre), y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco, mientras que la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller.
Esta es la primera de las dos piezas que conforman el caso Cooperación, en el que también se investiga a un entramado de empresas que recibieron entre 2009 y 2011 al menos 3,5 millones de euros de subvenciones públicas de la Generalitat para cooperación internacional.