Ansiedad, tristeza o depresión son las palabras que colman el vocabulario de los menores de 30 años. La generación que ha crecido entre dos crisis navega entre la precariedad y apenas logra vislumbrar un futuro, ya no mejor, sino semejante al que tuvo la generación de sus padres. La elevada tasa de desempleo, los elevados precios de alquiler y unas políticas públicas desmoralizantes han creado una base de malestar que la pandemia ha coronado, llevando a miles de jóvenes a una situación límite.
Ante esta circunstancia, las entidades representadas en el Consell Valencià de la Joventut reclaman unas políticas públicas que ubiquen el bienestar de la población en el centro, el primer paso para trabajar en una mejora de la salud mental. Para sus responsables, la salud mental se construye desde lo material, con unas garantías mínimas -vivienda y empleo- que permitan a las personas desarrollar un proyecto de vida digna. En el día internacional de la juventud, la organización valenciana ha presentado la campaña Mentalment gelades, que refleja el malestar de este grupo etario. “El bienestar emocional se ve afectado por muchos factores, como las condiciones económicas y laborales, las relaciones familiares y personales y el acceso a la cultura y el ocio. Hay que apostar por una visión transversal de la salud mental para trabajarla desde todas sus vertiente”, ha subrayado la portavoz del consejo, Cristina Martínez, en un acto celebrado este jueves en el Centre del Carme de València.
La juventud valenciana reclama “acciones concretas que profundicen en la detección temprana a través de la coordinación entre la escuela, los servicios sociales y el sistema sanitario”. Estas van desde una revisión del discurso que ha “criminalizado a los jóvenes” durante la pandemia, acusándoles de conductas irresponsables, hasta abrir las políticas públicas a la perspectiva juvenil, integrando esta visión como parte fundamental de las actuaciones. Según distintos informes, el 80% de los jóvenes no puede emanciparse ni emprender un proyecto de vida y el salario medio es de 918 euros, por debajo del salario mínimo.
La campaña del Consell de la Joventut ha trasladado a los departamentos del Ejecutivo autonómico medidas como el acceso a una vivienda digna, planes de empleo juvenil, revisar las becas estudiantiles o los contratos formativos -que en ocasiones suponen un fraude para los estudiantes, que suplen plazas de trabajo con contratos de prácticas-, la reivindicación de espacios de ocio asequibles y alejados del consumo de alcohol y, en definitiva, espacios y condiciones que permitan el desarrollo de un proyecto de vida.
El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una “red de bienestar emocional y salud mental” que incorpora esta perspectiva a las políticas de juventud. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha recordado que “la precariedad socioeconómica de los y las jóvenes les impide construir un proyecto vital con un mínimo de certezas”, que ha agraviado “la difícil situación de salud mental entre las personas más jóvenes”. La portavoz del Consell se ha comprometido a trabajar en “la necesidad de regular los precios del alquiler y derogar la reforma laboral para poner las bases materiales que se necesitan para hacer posible la emancipación joven”. Desde Presidencia de la Generalitat y organismos como el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) se trabaja en el Plan Ariadna, uno de los proyectos tractores que, con financiación europea, busca poner en marcha políticas transversales para evitar tener una generación perdida.