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El Consell que preside Carlos Mazón, formado por el Partido Popular y Vox, ha presentado el anteproyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, una norma que supone, de facto, la sentencia del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). Este plan, elaborado por el primer Gobierno del Botànic con la socialista María José Salvador como consellera de Territorio, fue aprobado en 2018 y avalado por el Tribunal Supremo en 2022; y tenía por objeto la protección de las 7.500 hectáreas de costa que todavía permanecían sin urbanizar en el litoral valenciano.
Desde hace meses, la conselleria de Territorio, con la popular Salomé Pradas al frente, estaba trabajando en la revisión del Pativel, una norma que afecta a numerosos sectores urbanísticos situados en primera línea de playa. En concreto, los planes urbanísticos de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados y suponen la construcción de unas 18.000 nuevas viviendas en el litoral valenciano.
Este viernes, la Conselleria de Territorio presentaba el anteporeyecto de ley de protección y ordenación de la costa, un texto que, según denuncia la exconsellera María José Salvador, supone la “desaparición” de una de los normas claves en protección del territorio impulsadas por el Botànic: “Se anula el Pativel por la puerta de atrás, que pretendía proteger el poco suelo que quedaba virgen en la costa valenciana”. “PP y Vox pretenden volver al urbanismo salvaje de finales de siglo y principios de los 2000”, se lamenta la diputada del PSPV: “Primero se cargan el Pativel y después permitirán la urbanización masiva del suelo en la costa que queda libre”.
Entre otras cuestiones, se permitirá la construcción hotelera a 200 metros de la costa, sin especificar tipología, cuando con la ley actual sólo se permitían hoteles con encanto con baja ocupación de parcela y ambiente rural, usos deportivos abiertos, campings con certificado de sostenibilidad, dotaciones asistenciales, etc., “siempre garantizando la continuidad ecológica y funcional de los ecosistema” a partir de los 500 metros del litoral. Además, se rebaja la distancia en la que se permite urbanizar del un kilómetros a 500 metros de la línea de agua.
Disposición adicional tercera
En las normas de aplicación directa de la disposición adicional tercera se recoge que hasta la aprobación de la ordenación costera, en los suelos clasificados como no urbanizables en el litoral, “los nuevos usos residenciales quedan prohibidos en los primeros 500 metros”, frente a los 1.000 del Pativel; están permitidos “los usos terciarios públicos y privados, propiciatorios de disfrute del medio marino, contacto con la naturaleza y vida al aire libre, tales como campings y establecimientos asimilados conforme a la legislación turística y con un elevado grado de naturalización”, y respecto a las edificaciones destinadas a servicios, “deberán implantarse fuera de los primeros 100 metros”; y se permiten los establecimientos hoteleros en la franja litoral “siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se sitúen fuera de los 200 primeros metros”.
En la disposición tercera del anteproyecto también viene reflejado que, “en los tres años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana identificarán los terrenos de su ámbito territorial situados como máximo a 200 metros de la ribera del mar, que a la entrada en vigor de la ley de costas no estuvieran clasificados como urbanos, pero cumplieran con los requisitos de urbanización o consolidación edificatoria necesarios para ello”. Posteriormente, se le comunicará a la conselleria para su aprobación, siempre y cuando estos suelos cumplieran los requisitos para ser urbanizables en 1988. “Con esta ley, se permiten todo tipo de actividades en suelo protegido”, denuncia María José Salvador.
Conflicto con la legislación estatal
Salvador alerta de que la norma del Consell entra en conflicto con la ley estatal de Costas, ya que se permiten las actividades hídricas en zonas protegidas “sin definir qué tipo de actividad”. También, según explica la diputada socialista, “abre una puerta ficticia” a consolidar urbanizaciones que se encuentran en dominio marítimo-terrestre y que, actualmente, son ilegales: “Se habilitan planes especiales para consolidar construcciones cuando, si no son considerados Bien de Interés Cultural (BIC) no se pueden proteger”.
El texto normativo permite la consolidación de construcciones en primera línea de playa: “La Generalitat Valenciana o el ayuntamiento correspondiente instarán a la Administración General del Estado, justificadamente, la modificación del deslinde [dominio público marítimo-terrestre] y la desafección [del suelo], conforme a la normativa estatal reguladora de las costas”. “La norma quiere proteger las viviendas construidas en dominio público marítimo-terrestre”, sentencia Salvador, quien cuestiona su constitucionalidad porque “entra en cuestiones que la administración autonómica no puede regular”.
“Protege” a propietarios y playas
La consellera Pradas defendía que se ha dado “un paso más” para que esta ley “sea una realidad”, una norma que permitirá “desplegar nuestras competencias estatutarias en ordenación territorial, de litoral, urbanismo, administración de costas y puertos”. Además, explicaba, el texto facilitará que los afectados por los deslindes del Gobierno “tengan alternativas que puedan minorar sus efectos”, al tiempo que protegen “al máximo” los núcleos costeros tradicionales, “dándoles el valor etnográfico que tienen”. “Y todo desde la protección de nuestros valores naturales, a la vez que permitiremos que las actividades económicas sostenibles puedan ejercerse con seguridad y en coordinación con los ayuntamientos”, insistía la titular de Territorio.
El president Carlos Mazón, por su parte, defendía este sábado en Castellón la ley de Costas en la que están trabajando que, aseguraba, “protege a propietarios y playas, al tiempo que el medio ambiente y la actividad económica, sin renunciar a nada y garantizando la seguridad jurídica para todos”. “Queremos ejercer el derecho de cuidar nuestra costa desde el desarrollo de nuestro autogobierno sin renunciar a nada y con garantías jurídicas”, insistía.
Mazón criticaba la ley estatal de Costas y la actitud del Gobierno del Botànic, al que acusó de mostrarse “débil ante el atentado contra los propietarios, incapaz de levantar la voz, de actuar y que no aportó ninguna solución ante la pérdida de 200 metros lineales en la costa en los últimos años”, e insistía: “Años de silencio ante una ley regresiva y confiscatoria”.
Por último, el presidente reivindicaba “ejercer nuestro derecho, que lo tenemos, a ordenar nuestra costa, a gestionar lo que ocurre en un espacio donde vive el 70% de la población, donde se genera el 15% de nuestro PIB y donde se concentran 331 playas, 10 puertos comerciales, 36 pesqueros, 43 deportivos, 24 clubes náuticos, y 10 parques naturales”.