Una de las principales banderas del Consell del Botànic desde que hace tres años se hiciera con la Generalitat Valenciana es, sin duda alguna, la defensa y el fomento del valenciano tanto en el ámbito educativo como en el funcionarial. Sin embargo, las políticas del Consell del PSPV y Compromís se están encontrando una y otra vez con la oposición del TSJ valenciano, que está tumbando una tras otra la inmensa mayoría de las iniciativas legislativas impulsadas en este sentido. La última de ellas, hace apenas unos días.
El TSJ ha mutilado de manera casi sistemática los decretos de plurilingüsimo, la norma estrella del departamento que dirige el valencianista Vicent Marzà, o de usos lingüísticos en la administración valenciana.
Como avanzaba el semanario El Temps esta misma semana, tres magistrados de perfil conservador son los responsables de la mayor parte de estas resoluciones. Se trata de Miguel Ángel Olarte, Edilberto José Narbón y Manuel José Domingo Zaballos, a cargo de la sección cuarta de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desde hace aproximadamente un año.
Narbón, al igual que Olarte miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, se refirió a la lengua en una entrevista concedida al diario ABC en 2005 en la que, ante una pregunta sobre el catalán y el valenciano en el ámbito de la Universitat de Valencia, aseguró que la Universitat, “desde el punto de vista científico, puede pensar que valenciano y catalán son la misma lengua, pero jurídicamente, los estatutos de la Universidad deberían ajustarse al Estatuto valenciano y hablar de lengua valenciana para evitar conflictos”.
Además, es considerado por muchos el juez que avaló el modelo urbanístico depredador del PP valenciano. Dio su voto favorable a la construcción de una macrourbanización en la Serra de Escalona (Alicante) y se mostró en contra de la anulación del controvertido Plan Rabassa, impulsado por el polémico constructor Enrique Ortiz en Alicante. De igual forma, en 2004, avaló la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del Cabanyal impulsada por Rita Barberá, que posteriormente el Ministerio de Cultura consideró expolio de bienes de alto valor cultural.
Domingo Zaballos también está señalado por su vínculos con el PP, y más concretamente con la propia Barberá y quien fuera su mano derecha y concejal de Urbanismo, Alfonso Grau. Domingo Zaballos, quien fue secretario del Ayuntamiento de Valencia en los años 90, una época en la que se aprobó el Reglamento municipal sobre uso y normalización del valenciano en el municipio de Valencia (1996), un texto con un espíritu similar al que ahora ha sido anulado parcialmente y que establecía que los funcionarios tenían la obligación de “saber el valenciano” o que el personal municipal debía procurar usar “preferentemente” el valenciano. El PP dejó sin aplicación de manera inmediata este documento.
Última sentencia
La pasada semana se hacía pública una sentencia que anula once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la administración autonómica y cuyo fallo, entre otras cuestiones, obliga a la Generalitat a dirigirse también en castellano a Catalunya y Baleares aunque sean del mismo “ámbito lingüístico”. La justificación esgrimida para anular estos apartados es la discriminación del castellano al primar la otra lengua oficial (el valenciano). El alto tribunal ve contrario a derecho que el valenciano sea “lengua destacada” en la administración autonómica.