El Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección, ha enviado requerimientos a Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares porque entiende que la regulación autonómica de la evaluación final de Primaria no se ajusta a la normativa estatal.
Esa evaluación es obligatoria para todos los alumnos de sexto de Primaria desde este curso, como fija la Lomce, aunque sin efectos académicos.
En la última Conferencia Sectorial de Educación, del pasado 13 de mayo, surgió el debate sobre si esas comunidades habían recurrido a profesorado de los propios centros para la evaluación y no a externos como determina la regulación estatal.
El mismo día, las autonomías con consejero socialista de Educación (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) y la valenciana, con Vicent Marzà (Compromís) como conseller, anunciaron que dejarían libertad a los centros escolares para que decidieran si la evaluación obligatoria de sexto de Primaria sería con o sin exámenes.
Entonces, el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que la Alta Inspección del Estado vigilaría que las comunidades autónomas cumplen con la Lomce. “Iríamos a un contencioso-administrativo con aquellas autonomías, en su caso, que no han cumplido (...), pero no quiero llegar a esa situación”, subrayó.
Tras reunirse con los consejeros, enfatizó que las leyes “no son el menú a la carta de un restaurante” ni hay “atajos para cumplirlas”. “No me gustaría que hubiera unas comunidades que la hagan correctamente (la evaluación de sexto de Primaria) y otras que no”, porque eso afecta al diagnóstico del sistema educativo, argumentó entonces.