El grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha presentado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno y relacionadas con el 'chalé del ministro' en la punta del Arenal de Xàbia (la finca de San Rafael). El ayuntamiento alicantino vendió esta propiedad en 1959 al ministro franquista Mariano Navarro Rubio por 10.000 pesetas, una parcela de 7.000 metros cuadrados de dominio marítimo-terrestre donde éste construyó un chalé en 1964.
La construcción fue legalizada en 1981 por el Ministerio de Obras Públicas, que además validó su utilización “gratuita y permanente” a la empresa Puntar SA, propiedad de la familia Navarro Rubio. Sin embargo, la Ley de Costas de 1988 consideró estos terrenos como inalienables, al tiempo que concedía una prórroga de 30 años a los propietarios. En 1998, el Tribunal Supremo declaró ilegales las compras de Navarro Rubio y otros dirigentes en la costa de Xàbia, quienes perdieron sus parcelas excepto la familia del exministro de Franco.
Según explica el escrito de Unidos-Podemos, presentado por la diputada valenciana Àngela Ballester en el Congreso, pese a que la concesión debía finalizar -si se toma como referencia la Ley de Costas- este año, en 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la citada ley y concedió otra prórroga de 75 años para el uso de las propiedades edificadas en terrenos propiedad del Estado, una medida a la que se acogieron los herederos de Navarro Rubio.
Ballester califica la historia de esta construcción de “increíble e imposible” en otros países, con un privilegio franquista “prorrogado hasta 2089”. “Un espacio de todos en manos privadas” y un Gobierno “incapaz de devolver al pueblo lo que es del pueblo”.
La parcela se encuentra en un lugar emblemático desde el punto de vista cultural, paisajístico y ecológico, así como por su valor patrimonial, ya que en estos terrenos se encuentra el yacimiento arqueológico de los 'Baños de la Reina', unos baños romanos del siglo I antes de Cristo “que ya fueron parcialmente destruidos con la construcción del chalé”. Así mismo, denuncian el estado de “abandono y suciedad lamentable” en el que se encuentra este enclave, del que tanto el ayuntamiento como la ciudadanía “han reclamado repetidamente” su devolución para el uso público mediante la reversión de la cesión a la familia Navarro Rubio “basada en privilegios franquistas que no deberían perpetuarse”.
Ante esta situación, Ballester cuestiona al Gobierno si considera que la finca de San Rafael debería ser de uso público y colectivo; sobre cómo piensa el Ejecutivo revertor esta concesión que “perpetúa un privilegio franquista; sobre las gestiones realizadas para el cuidado y la protección del enclave y el yacimiento arqueológico que contiene; y acerca de si Costas, Paradores o el Ministerio de Turismo han presentado alegaciones o han realizado alguna gestión respecto a solicitud de ampliación de la superficie de la parcela por parte de la familia de Navarro Rubio.