La mitad de las viviendas que la Sareb tiene en la Comunitat Valenciana se encuentran en zonas con elevada necesidad. Así lo ha apuntado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, que ha comparecido este martes en las Corts Valencianes para dar cuenta de la evolución del parque público de vivienda.
El departamento de Illueca acordó con el llamado banco malo la cesión de viviendas en la Comunitat Valenciana para su uso público, semanas antes del acuerdo anunciado por el Gobierno central. La consellería está trabajando para incorporar un primer paquete en las próximas semanas, ha insistido el vicepresidente, que supondrá la incorporación de 325 nuevas viviendas-182 en la provincia de Valencia, 91 en Alicante y 52 en Castellón-. “Se trata de una adquisición relevante a nivel estratégico en la lucha contra el incremento de precios ya que el 54 por ciento” de las que son “propiedad de la Sareb se encuentran en zonas catalogadas por la Generalitat como de alta necesidad de vivienda”, ha resaltado el dirigente de Unides Podem en el Parlamento autonómico.
La Sareb puso a disposición del Ejecutivo autonómico 1.700 viviendas para ser estudiadas y formar parte de la oferta pública. Tras una primera evaluación, se determinó que 583 estaban en condiciones para incorporarse al parque público, de las cuales se incluirán la mitad en una primera tanda que está siendo analizada por los técnicos.
Illueca, que ha comparecido a petición de Vox para informar sobre el estado del parque público de vivienda, ha apuntado que actualmente hay 14.620 inmuebles, pese al “goteo constante de pérdidas que aún se sufre por las ventas de vivienda pública pactadas por gobiernos anteriores”. Para revertirlo, ha puesto en valor la aprobación de la ley estatal de vivienda, que bebe del despliegue normativo de la Comunitat Valenciana.
El dirigente ha reiterado que “la Generalitat Valenciana la aplicará en el momento en el que esté en vigor. Las políticas de vivienda hoy son un referente”. Esta semana, ha anunciado, se resolverá el concurso de solares para la construcción de 1090 viviendas en régimen de colaboración públicoprivada y se aprobará el decreto que reformula la vivienda de protección pública. La norma, “la primera de la democracia”, lleva a “cumplir de forma efectiva la Constitución” para “garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna”, una “condición sine qua non para el desarrollo personal de cualquier ser humano” y “un derecho inalienable”. “La vivienda no puede ser un derecho y a la vez una mercancía”, ha señalado el vicepresidente segundo. Respecto a los avales del ICO aprobados este martes, ha censurado la medida, y ha considerado: “Lo que necesita la gente joven no son avales, es poder adquisitivo, trabajo digno y perspectivas de futuro”.