La negociación de los Presupuestos en el Gobierno del Pacto del Botánico pone a prueba la elasticidad de los plazos de la Administración. Al cierre de esta edición, la coalición del PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida no ha terminado de cerrar las cuentas públicas autonómicas para el próximo ejercicio, cuya aprobación estaba prevista para este viernes, en el último pleno ordinario dentro del plazo legal previsto.
La Ley de Hacienda Pública, vigente desde 2015, indica que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat se debe remitir a las Corts Valencianes antes del 1 de noviembre de cada año. Si las Corts Valencianes no aprobaran el presupuesto de la Generalitat antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se entenderá prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación del nuevo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La mesa política que discute las líneas presupuestarias llegó a un punto muerto el lunes, ante la falta de un documento que cuadrara los ingresos con los gastos necesarios para poner en marcha las políticas públicas comprometidas. El cuadro con los cálculos, responsabilidad atribuida a Hacienda, no ha llegado hasta este jueves, con lo que la discusión, indican fuentes de la misma, no se ha podido retomar.
En una negociación vence quien es capaz de aguantar más tiempo en la mesa. Se gana por desgaste. Los socialistas deslizaron este miércoles que se puede habilitar un pleno extraordinario el domingo, 31 de octubre, prolongando el plazo dos días más y llevándolo al límite, en una operación que no gustó nada a sus socios. Ahora, puestos a estirar, estiran todas las partes. Este jueves, los socios de coalición ya no ven ningún inconveniente en que la presentación del anteproyecto pase el 1 de noviembre. La tradición parlamentaria marca que las cuentas públicas se aprueban antes de Navidad, con un pleno de varias sesiones que suele celebrarse los días 21, 22 y 23 de diciembre. Pero la tradición no dicta la ley. “El presupuesto se aprobará cuando esté para aprobarse. Para acordarlo hace falta tener todos los datos, que han llegado este jueves”, indican fuentes de la negociación, que afirman que se pueden habilitar las sesiones plenarias durante la última semana de diciembre. Estas fuentes restan importancia a la posibilidad de prórroga del presupuesto, recalcando que queda margen hasta el 31 de diciembre, que sigue siendo periodo hábil de sesiones.
Las fuerzas integrantes del Gobierno de coalición discrepan sobre la previsión de ingresos. En el próximo ejercicio el Gobierno central reduce la financiación extraordinaria para las autonomías a través del fondo Covid y la recaudación a través de los tributos se prevé algo inferior por la parálisis económica que provocó el confinamiento domiciliario. Por otro lado, departamentos como Vivienda, Infraestructuras, Innovación o Medio Ambiente contarán con una inyección notable por los fondos europeos, pero para las conselleries de corte social, en las que los empleados públicos tienen gran peso en el gasto, no son suficientes para desarrollar otras políticas. Según indicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, Educación, Sanidad, Empleo, Vivienda y Políticas Inclusivas superarán los 16.000 millones de euros en las cuentas públicas.
La tercera vía para aumentar el gasto es la de hacerlo con cargo al déficit, aprovechando que el ministerio de Hacienda ha acordado dar una tregua en las reglas fiscales. No obstante, este comodín no gusta a la rama socialista del Gobierno autonómico, que preveía un crecimiento presupuestario mínimo sostenido por la financiación de Bruselas. Finalmente, indican fuentes de la negociación, Hacienda ha accedido a aumentar los ingresos vía “fondos externos”, donde computan los fondos europeos y la financiación del Gobierno central. Una vez recibido el documento, comienza la negociación matemática real.