La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que, durante esta legislatura, “el Consell del Botànic ha trabajado en la construcción y dignificación de un sistema público valenciano de servicios sociales, tanto quintuplicando la inversión que había en 2015, como protegiéndolos con una nueva ley”.
Oltra ha destacado que la recuperación de los servicios sociales “ha sido el mayor reto que hemos abordado esta legislatura”. En este sentido, los ha definido como “pariente pobre del sistema del bienestar”, y ha incidido en que resultaba “imprescindible su dignficación, y trabajar para poner en valor a los y las profesionales que los hacen posible”, así como incorporar “nuevas lógicas” que los alejaran de “los antiguos sistemas de caridad, beneficencia y asistencia social”.
La vicepresidenta ha señalado que, en esta labor, el punto más importante ha sido la aprobación de la ley de Servicios Sociales Inclusivos, aprobada el pasado 30 de enero, y que reconoce “el derecho universal de los servicios sociales como propios e inalienables de todas las personas y transforma la concepción asistencialista en una concepción moderna de derechos subjetivos y alcance universal”.
Unas inversiones, ha recordado, que ya han sido visibles desde el inicio de legislatura, pasando de una inversión en los servicios sociales generales de 24,9 millones de euros a 73,6 millones de euros, de los que 48,3 millones se han destinado la mejora y ampliación de las plantillas de los servicios sociales municipales.
Los presupuestos para este año contemplan 73.671.200 euros “para continuar reforzando esta área” y costear los gastos de personal, servicios, programas y prestaciones de las entidades locales de la Comunitat para la atención de los ciudadanos. Por provincias, 10.617.740 euros corresponden a la provincia de Castellón, 33.645.800 a la de Valencia y 29.407.660 euros para la provincia de Alicante.
Esta cantidad supondrá triplicar la ratio de euros por habitante en inversión en servicios sociales generales municipales, pasando de ser de 5,54 euros por habitante en 2015, a los 16,5 euros por habitante prevista para este año.
La vicepresidenta ha especificado que este incremento sirve “tanto para reforzar la estabilidad de los puestos de trabajo como para potenciar la intervención y la prevención con el objetivo de ofrecer la atención social que por derecho corresponde a la ciudadanía”.