El vicepresidente del Consell de la Comunidad Valenciana y conseller de Presidencia, José Císcar, ha anunciado que el anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat incluirá la creación de un Consejo de Transparencia independiente, un régimen sancionador propio y silencio administrativo positivo en lo relativo a esta norma.
Así lo ha indicado tras reunirse con los portavoces parlamentarios para abordar ese documento, con intención de “buscar el máximo consenso”. Se prevé que vuelvan a reunirse la semana próxima.
De los cambios introducidos, algunos planteados por la oposición, ha destacado la independencia del Consejo de Transparencia, encargado de evaluar el cumplimiento de esa ley, de modo que “no esté compuesto mayoritariamente por cargos de la administración”, sino que “sea una representación lo más fidedigna posible de la sociedad civil”.
Respecto al régimen sancionador autonómico, ha asegurado que “nunca será menos exigente que el de la ley estatal”, sino “seguramente más, como lo es la ley de transparencia, que va mucho más lejos que la ley estatal y cualquier administración autonómica”.
Además, Císcar ha avanzado que “próximamente” publicarán en el portal GVA Oberta las 135 propuestas ciudadanas recibidas en el trámite de información pública y las estudiarán para incorporar todas las que legalmente sea posible. También darán a conocer en ese espacio las razones para incorporar o dejar fuera estas propuestas.
El vicepresidente del Consell detecta “cierto vértigo” entre la oposición ante “una de las leyes más importantes de la legislatura”, que a su juicio “les supera”, y opina que “mezclar otras cuestiones con una ley tan importante no tiene ningún sentido”. “Espero que sean capaces de sentarse otra vez en la mesa para poder llegar a los máximos consensos posibles”, ha remarcado.
En la reunión, desde la oposición han planteado unas “condiciones previas”, básicamente la retirada de cerca de una decena de recursos de casación al Tribunal Supremo por denegación de documentación a diputados sobre colegios, subvenciones del 'caso Cooperación' y Valmor y la Fórmula 1, entre otros temas, y que contemplen aceptar las cinco comisiones de investigación que llevarán al pleno este miércoles, relativas a asuntos como Vaersa, ayudas a residencias y la investigación de la UE sobre la posible modificación del déficit.
Al respecto, Císcar ha valorado el “enorme esfuerzo en materia de transparencia” del Consell y las “más de 12.000 peticiones de documentación cumplimentadas”, con recursos “solamente en el 0,3 por ciento de los casos”, y se ha comprometido a estudiar sus peticiones para buscar consenso. “Por nosotros no va a quedar”, ha recalcado.
Cada conselleria decidirá si retira sus recursos
En cuanto a los recursos de casación, les ha trasladado que “no se va a formalizar” el anunciado sobre los sondeos de opinión, ya que “no tiene ningún sentido recurrir en casación la no entrega y al mismo tiempo que desde agosto estén publicados en el portal” y que, del resto, van a “hablar con la Abogacía y las distintas consellerias y cada una tomará la decisión que tenga que tomar” porque no se presentan “por capricho, sino porque hay unos derechos que pueden colisionar con la entrega de determinada documentación”.
El síndic socialista, Antonio Torres, antes de plantear sus propuestas a la futura Ley de Transparencia, ha instado al Consell a aclarar “su disposición real a ser más transparentes” y ha subrayado la necesidad de que “dejen de rechazar comisiones de investigación, reformen el reglamento de las Corts para dar más participación a todos y dejen de vetar el acceso a determinada información”.
En declaraciones a los periodistas, su homólogo de Compromís, Enric Morera, ha reivindicado que “hacen falta hechos y no palabras”, pese a considerar que “era y es necesaria un ley de transparencia, participación y acceso a la documentación públicamente, que seguramente habría sido clave para evitar tanta corrupción”.
En su caso, reclaman el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en materia de acceso a la documentación, la retirada de los recursos de casación pendientes en el Supremo, y “por qué no concretar alguna comisión de investigación”, ha agregado.
“La fe sin obras no va a ningún sitio”
Según Morera, “la fe sin obras no va a ningún sitio” y de ahí que supediten buscar un consenso sobre la Ley de Transparencia a “un cambio claro y contundente del Gobierno a favor de la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana”.
La portavoz de EUPV, Marga Sanz, también ha exigido la retirada de esos recursos y el cumplimiento de sentencias y del reglamento de las Cortes valencianas sobre el derecho a la información de los grupos, así como “un mecanismo interno de diálogo en la relación de los grupos con la administración para que se puedan desbloquear, sin tener que acudir a la justicia, aquellos elementos que conculquen la falta de información o la denegación de información por parte del Consell”.
Igualmente, ha reprochado que “a la ciudadanía no se le ha dado participación, ni se le ha convocado”, y “algo tendrá que decir cuando ya existe una ley de participación que nunca se aplicó y que ahora se quiere volcar dentro de esta ley”.
El síndic 'popular', Jorge Bellver, ha aplaudido la “nueva muestra de intentar dialogar” del Consell y ha lamentado que “la oposición siga buscando excusas para no llegar a consensos y no dialogar”.