El Gobierno valenciano comienza a dibujar los presupuestos de 2023, los últimos del segundo gobierno del Pacto del Botánico y los primeros con las que aspira a gobernar el Ejecutivo tricolor si los resultados electorales acompañan.
Tras unos años de negociaciones broncas en los presupuestos, y con algunos temas que aún dividen a los partidos del Consell, los miembros del Gobierno valenciano han acordado unas líneas presupuestarias básicas para empezar a trabajar. La negociación habitual venía siendo una multilateral de Hacienda con el resto de departamentos, cerrando las cuentas con cada titular, lo que ocasionaba percances técnicos y políticos en su elaboración. Siguiendo el modelo habitual en el Ejecutivo progresista, el Consell ha dibujado unos ejes con cerca de una decena de objetivos y líneas de actuación sobre las que pintar los números.
Estos presupuestos tendrán que asumir las ayudas a los sectores aún tocados por la pandemia de la COVID-19, hacer frente a la inflación y la crisis derivada de la guerra en Ucrania y gestionar la dotación extraordinaria de fondos y proyectos europeos. Sobre esta coyuntura, que complica aún más el diseño de las cuentas que dan soporte a las políticas públicas, el Consell quiere proyectar una imagen de apoyo a las familias y empresas, dar tranquilidad y seguridad en un contexto permanentemente inestable.
Los objetivos fijados en el último seminario, celebrado desde el jueves en Alcoi, se centran en las ayudas contra la inflación y los costes energéticos, la estabilidad del empleo, la vivienda pública y las políticas de adaptación y mitigación de las consecuencias del cambio climático, entre ellas, la prevención de incendios. El Consell recalca el compromiso de garantizar y reforzar los servicios públicos básicos y continuar en la creación de una red que no deje a nadie colgado con la crisis. En ese marco, los compromisos abogan por mejorar la atención sanitaria y la salud mental, el derecho a la vivienda, el aumento de becas y profesorado de enseñanza pública o las políticas para reducir la brecha digital.
El Ejecutivo autonómico se mantiene en su línea keynesiana de aumentar el gasto público en momentos de crisis y alude a la obra pública como “motor de la economía”, además del despliegue de ayudas a familias, empresas, sectores con gran impacto de la crisis energética y municipios o mercantiles afectadas por los incendios de este verano. Tras un análisis con expertos en la primera jornada del seminario, los dirigentes ratifican su convicción de que el escudo social debe ser una propuesta transversal en todas las acciones que emanen de la Administración Pública autonómica. Con estas líneas, el Pacto del Botánico aspira a reeditar su mandato.