Los partidos que conforman el Pacto del Botánico impulsan su agenda legislativa para cumplir los objetivos antes de acabar el curso. El próximo miércoles, 19 de octubre, en el que será el primer pleno ordinario tras el debate de política general, el Parlamento valenciano debatirá las enmiendas a la totalidad de tres leyes elaboradas por el Pacto del Botánico: la tasa turística, la ley de cambio climático y la ley de bienestar animal. La primera, un acuerdo de los tres grupos para elaborarse desde las Corts Valencianes; las dos siguientes, proyectos de ley de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que dirige Mireia Mollà.
Tanto la ley de cambio climático como la proposición de ley de la tasa turística generan divergencias en los socios de Gobierno, aunque parten de un acuerdo de mínimos. Casi dos legislaturas ha costado que PSPV, Compromís y Unides Podem suscriban un acuerdo de mínimos para implementar una tasa que sea voluntaria por municipios, con desacuerdos notables. Ahora, el conflicto pasa a la ley de cambio climático, cuyo anteproyecto se aprobó en agosto de 2021.
La norma emana de la Conselleria de Transición Ecológica, que dirige Compromís, y lleva tres años en proceso de elaboración, con cuestiones polémicas como las tasas medioambientales, que generan discrepancias entre los socios de Gobierno. El proyecto de ley aplica un gravamen por emisión de gases contaminantes y otro a las grandes superficies comerciales por el número de vehículos que concentren. Pese a que debe someterse al debate a la totalidad, con las enmiendas de la oposición, los partidos que componen el Pacto del Botánico ya han presentado las enmiendas ordinarias para mejorar el texto legal, aprobado por el Consell en abril. Las tres formaciones han presentado 50 enmiendas de forma conjunta, pero las discrepancias por la cuestión fiscal han llevado al PSPV a mantener seis en solitario en las que se mantienen firmes.
Los socialistas quieren aliviar la carga tributaria a las pymes, a las azulejeras y sacar la tasa turística de la ley de cambio climático, que ya se debate en una proposición propia. Consideran que el contexto económico actual, con una guerra que ha provocado una crisis energética tras una económica, no es el mismo que cuando comenzó a trabajarse la norma y que “hay que saber leer el momento”. En las enmiendas, quedarían exentas de la tasa de emisiones las instalaciones que no requieren autorización autonómica -el anexo II de la ley de Control Ambiental-, por evitar una carga administrativa innecesaria a mercantiles poco contaminantes, apuntan desde el PSPV. Respecto a las azulejeras, subrayan que ya están sometidas a un control con la compra de derechos en el mercado de emisiones y que supone una rareza cuando se exceden, además de recalcar el efecto de la crisis energética y la falta de alternativas a la combustión de gas.
Las enmiendas presentadas por el PSPV van en la línea de las medidas anunciadas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que trabaja con el Gobierno central y otras regiones europeas para evitar una crisis en el sector cerámico, clave en Castellón, y potenciar energías alternativas como el hidrógeno verde para frenar las emisiones, con un proyecto europeo en proceso para acelerar esta fuente energética.
Este lunes, en la junta de portavoces que ordena los asuntos del próximo pleno, Compromís y Unides Podem mostraban su disconformidad respecto a la decisión del socio mayoritario, aunque aseguran que confían en que se cumplirá el acuerdo. “Tengo mucha tranquilidad” ha comentado la responsable de Compromís, Papi Robles, sobre las discrepancias. “Hay que asumir que hay que mitigar y adaptar la vida a la realidad que tenemos”, incidiendo en que es coherente usar los “instrumentos financieros que incentiven unos comportamientos y desincentiven otros”, sobre la polémica tributaria. Robles ha defendido que la ley lleva años trabajándose con un “diálogo muy intensivo” con los sectores afectados, incorporado enmiendas de la patronal.
Por su parte, la síndica del PSPV, Ana Barceló, ha remarcado que los tres grupos están de acuerdo “con el espíritu de la ley”, y defiende una norma que “penalice a quienes más contaminan, pero teniendo en cuenta que hay sectores a los que no les es tan fácil llevar una transformación”, porque no hay alternativa energética, como en el caso de la industria cerámica, o porque requiere de una gran inversión.