El parlamento valenciano acoge desde este martes el debate de política general, la cita que da inicio al curso parlamentario y en la que los grupos políticos realizan una suerte de balance y de propósitos del año. La cita tiene carácter anual, salvo en los ejercicios en los que hay elecciones autonómicas, y será el sexto debate para Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana. El último gran debate servirá al Consell y a los grupos de la oposición para medir sus fuerzas y exhibir los avances en la última legislatura, cuatro años marcados por una fuerte crisis sanitaria y sus sacudidas económicas, que han obligado al Ejecutivo autonómico y a los grupos que le dan soporte a adaptar los compromisos con los que concurrieron a las elecciones y su agenda.
El debate de política general suele servir para marcar la agenda de prioridades políticas del Gobierno, que se establecen en la segunda y última sesión con las resoluciones que aprueba los grupos. El presidente de la Generalitat, que abre la sesión el martes, tiene un tiempo ilimitado para intervenir y realizar su propio balance. El jefe del Consell aprovecha esta intervención anual para marcar los compromisos, siguiendo la agenda del Pacto del Botánico. En la pasada sesión fueron 48, la gran mayoría de ellos puestos en marcha.
Los partidos que suscriben el Pacto del Botánico tratarán de esbozar una imagen de estabilidad y apoyo a las rentas bajas ante el aumento de precios, además de hacer un despliegue del escudo social activado durante la legislatura. En Unides Podem harán hincapié en las ayudas directas a las familias, entre las que incluyen mantener los precios del comedor escolar, aumentar las becas, crear un servicio de bienestar psicológico y crear un fondo específico de ayudas directas al sector primario valenciano con el objetivo de paliar los efectos combinados de la subida de los costes de producción y de la elevación de los tipos de interés.
Los socialistas reclaman al resto de grupos parlamentarios que sean propositivos y contribuyan a reforzar el Estado del Bienestar, clave para afrontar los próximos años. Su portavoz, Ana Barceló, apunta: “Nuestra hoja de ruta pasa por seguir impulsando la agenda económica, consolidar la creación de empleo e impulsar la llegada de nuevas inversiones para afrontar con seguridad y prosperidad en los próximos años, sin dejar de atender la agenda social. Por parte de Compromís, los valencianistas centrarán el debate en ”ayudar a las familias valencianas ante la subida de precios, continuar fortaleciendo los servicios públicos: la sanidad, la educación, y las políticas sociales. Y finalmente, hacer frente a la emergencia climática de una manera justa hacia la mayoría de la sociedad“.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que recalcará que, al margen de atender los problemas coyunturales, el Consell de la Generalitat mantiene su apuesta de consolidar y ampliar la transformación económica y social iniciada hace siete años en la Comunidad Valenciana, y que, con el estímulo de los fondos europeos, avanzará en el impulso a la revolución económica hacia una nueva economía sostenible, una reindustrialización, digital y generadora de ocupación de calidad.
En la jornada que arranca el martes y se desarrollará hasta el jueves todas las interpelaciones serán realizadas por mujeres. Realizarán las intervenciones Maria José Catalá (PP), Ana Vega (Vox), Ruth Merino (Ciudadanos), por parte de la oposición, mientras que entre los grupos que sustentan al Gobierno serán Pilar Lima (Unides Podem), Papi Robles (Compromís) y Ana Barceló (PSPV), estas dos últimas por primera vez. El de Puig es el único rostro que permanece en la tribuna desde el estreno parlamentario del Pacto del Botánico. Desde su primer debate de política general como jefe del Consell en 2016 -en 2015 no se produjo por la investidura-, ha visto pasar a ocho portavoces parlamentarios solo en estas sesiones: Antonio Montiel (Podemos), Antonio Estañ (Podemos), Alexis Marí (Ciudadanos), Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), Toni Cantó (Ciudadanos), Isabel Bonig (PP), Fran Ferri (Compromís) y Manolo Mata (PSPV).
Los partidos del pacto de Gobierno han sufrido varias sacudidas en el último año y el debate será una oportunidad para medir su fortaleza. No solo han cambiado sus portavoces, sino que, en dos de ellos, también sus referentes institucionales. El pasado verano Podemos nombraba a Héctor Illueca como vicepresidente segundo de la Generalitat, en sustitución de Rubén Martínez Dalmau, y hace apenas tres meses Aitana Mas sustituía a Mónica Oltra en la vicepresidencia primera. Los morados, además, aún se recuperan de la salida de su fundador, Pablo Iglesias, de la primera línea institucional y política y deben dirimir si se suman o no a la plataforma de Yolanda Díaz, que los valencianistas miran con cautela.
La alianza de las fuerzas de izquierdas es una cuestión que planea a este lado del hemiciclo, del mismo modo que lo hará la agenda judicial, solapada con la política. El inicio de curso parlamentario coincide con la declaración de Mónica Oltra por una querella de la extrema derecha, en la que el juez investiga si hubo mala praxis en la gestión de la Conselleria de Igualdad en la denuncia de abusos a una menor. También arranca el juicio del caso Alquería, que investiga si hubo corrupción en una de las empresas públicas de la Diputación de Valencia que dirigía el entonces dirigente del PSOE Jorge Rodríguez. En el primer caso, el PP ha agitado las denuncias hasta llevarlas a las instituciones europeas -que el mismo partido controla- y Vox es acusación popular, mientras que en el segundo caso el PP también figura como acusación popular junto a Acción Cívica. A los populares, por su parte, les espera en los tribunales una de las piezas del caso Taula y el juicio del caso Erial, en el que está implicado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
El debate de política general será la antesala del debate presupuestario, donde se pondrán negro sobre blanco los compromisos políticos del Gobierno autonómico. Así, en la sesión previa se anticiparán algunas cuestiones claves para el desarrollo de la norma presupuestaria, sus prioridades para el último año de la legislatura, y la tan anunciada reforma fiscal del Ejecutivo autonómico, que promete reducir la carga sobre las rentas bajas y seguir el sistema de progresividad: que aporte más quién más tiene.