El PSOE presenta esta semana en el Congreso la propuesta de modificación de la ley de memoria histórica para que el Gobierno lidere y asuma los costes de exhumación de las víctimas del franquismo.
El líder socialista, Pedro Sánchez, ha avanzado las principales modificaciones que propone esta reforma de la ley de 2007 aprobada por el Gobierno de Zapatero, que ha quedado incompleta “por la inacción del PP”. Sánchez ha realizado estas declaraciones en el paredón de Paterna (Valencia) donde fueron fusiladas más de 2.200 personas, el segundo lugar donde más gente se asesinó durante la posguerra.
Arropado por numerosos dirigentes de la provincia y por las asociaciones de familiares, el secretario general del PSOE ha explicado que la norma creará una comisión de la verdad, una herramienta que se ha puesto en marcha en otros países que han sufrido la represión, para reparar a las víctimas. Además, la reforma, que se ha redactado junto a asociaciones de víctimas y de jueces -entre ellas la de Baltasar Garzón-, exige que se revisen los procedimientos judiciales hasta llegar, de facto, a la nulidad de los juicios sumarísimos.
La propuesta socialista incluye a los bebés robados como víctimas del franquismo. Según ha explicado Sánchez, la norma prevé la creación de un banco público de ADN y un censo público de víctimas para facilitar las identificaciones de los cuerpos exhumados. “Es una aberración ignorar a conciencia el derecho de una persona a conocer su identidad, robada, y el de las familias a dar sepultura”, ha criticado. El dirigente ha elogiado la norma valenciana de memoria histórica, aprobada en octubre, que incluye estas iniciativas. “Está a la altura de lo que exige un gobierno democrático”, ha señalado.
Según el socialista, la modificación prevé mecanismos que garanticen su cumplimiento, para evitar que vuelva a ser “ignorada a conciencia” como ha venido haciendo el Ejecutivo popular. Asimismo, ha insistido en que se realizará la retirada efectiva de la simbología franquista de los espacios públicos y se facilitará el acceso a los archivos históricos del Estado para “poder conocer la verdad”.
La iniciativa adapta las resoluciones que la ONU y otros organismos internacionales han ido resolviendo respecto a España, en las que señalan los incumplimientos del Gobierno a la legislación sobre derechos humanos. El espíritu de la norma, según Fernando Martínez, coredactor junto a Andrés Perelló, es poner el foco en la reparación a las víctimas y a los familiares. Una reparación que supone un ejercicio de memoria también en las aulas, donde desde primaria se integrarán contenidos para explicar la represión franquista. Según han explicado, otro de los grandes temas que trata la proposición de ley es convertir el Valle de los Caídos en un centro nacional para la dignificación de la memoria, que incluiría, si pasa el trámite parlamentario, exhumar a Franco.
Fuentes socialistas consideran complicado que la norma avanza, dada la escasa voluntad del PP para si quiera condenar el franquismo. Según comentan, el Gobierno se escuda en el artículo 134 de la Constitución para vetar iniciativas parlamentarias que afectan a los presupuestos, ya que aún no están aprobados.