Más de 3.000 personas se unieron este viernes a los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- y las asociaciones representativas del sector de atención a personas mayores en una manifestación que ha recorrido las calles de Valencia hasta el Palau de la Generalitat Valenciana para protestar por los impagos al sector. Esta es la tercera ocasión en la que los representantes del sector se manifiestan en el último mes sin que el Gobierno Valenciano haya dado respuesta a sus reivindicaciones.
Tres marchas recorrieron la ciudad para advertir sobre el “desmembramiento de la red socio-sanitaria actual por la deuda estructural que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector, con impagos que en algunos casos superan los 12 meses, retrasos que triplican la media nacional”, han afirmado en un comunicado.
Tras reunirse en la Plaza de la Virgen, los manifestantes se dirigieron al Palau de la Generalitat para solicitar una audiencia con el President, Alberto Fabra, con el objetivo de reclamar una solución urgente para el sector, ya que, actualmente, gran parte de los operadores no tienen capacidad para abonar los sueldos a los trabajadores ni para pagar a los proveedores.
Los representantes sindicales y asociativos han destacado que ésta situación de desamparo contrasta con la que viven otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos, cuyos periodos de cobro, aunque también excesivamente dilatados, son menores que los registrados en la atención a personas mayores. De hecho, ésta ratio de retrasos en el cobro es la mayor de España, sin que desde el Gobierno Valenciano se haya trasladado al sector un plan de pagos o se hayan adoptado medidas para subsanar la deuda.
Mantener el servicio
Los empresarios y trabajadores de las empresas que gestionan la atención a personas mayores en residencias y centros de día de la Comunidad Valenciana han señalado que, a pesar de las movilizaciones y de los impagos, hasta hoy han mantenido la atención en los centros, incluso en días como hoy, los recursos siguen operativos para garantizar el bienestar social de los mayores.
No obstante, los representantes de la plataforma han advertido que la situación es “desesperad” en muchos centros y que, en las próximas fechas, pueden producirse cierres y pérdida de capacidad operativa en cerca del 66% de la actual red socio-sanitaria. Situación que podría afectar a cerca de 30.000 familias y 15.000 puestos de trabajo no deslocalizables.