Dos ex altos cargos del PP pactan condenas por el saqueo de Emarsa
Santos Peral e Ignacio Martínez, ex secretarios generales del PP en distritos de la ciudad de Valencia, han aceptado sendas multas por el saqueo de Emarsa, la depuradora pública en la que la Fiscalía cree que se expoliaron 24 millones de euros.
Ambos han pactado con la Fiscalía una pena de 9 meses de prisión (a conmutar por 18 meses de multa a razón de seis euros al día) por un delito de malversación de caudales públicos. Además, han pagado 169.200 euros en concepto de responsabilidad civil, según informó Levante-EMV en su día. Dos acusaciones particulares, la Generalitat, y la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), la matriz de Emarsa, se han adherido al acuerdo.
Ni Peral, jefe de contabilidad, ni Martínez, jefe de compras, han contestado las preguntas de las defensas en el juicio. Se han limitado a reconocer los hechos. Ambos hicieron la vista gorda sobre el saqueo que se enjuicia en la Audiencia de Valencia a cambio de cuantiosos sobresueldos. Su colaboración, al menos por omisión, fue imprescindible.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía una indemnización muy superior: 1.400.00 euros entre los dos. El juez instructor del caso les consideraba piezas clave “Santos Peral realizó una dejación, consciente y deliberada, de sus funciones y responsabilidades, a cambio de una remuneración mensual, permitiendo de manera ilícita que sus superiores inmediatos se apropiaran de los fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de Pinedo, procurándoles un enriquecimiento ilegal y apartando dichos caudales públicos de la finalidad a la que estaban destinados, anotando en los justificantes de movimientos de caja conceptos vagos e imprecisos ligados a estas salidas, a fin de evitar ser descubierto”, escribió el magistrado en el auto de apertura de juicio oral.
Para el juez, Martínez también era imprescindible en el saqueo. “Tampoco cumplió algunas de las funciones que tenía asignadas permitiendo, con su inactividad, que proveedores de Emarsa, en connivencia con algunos de los responsables de la empresa pública y ante la actuación de las entidades encargadas de velar por el correcto funcionamiento y destino de los fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de Pinedo, facturasen por servicios que no fueron prestados o que, siendo prestados, lo fueron por un precio superior al de mercado”
Enchufes del PP
Otros de los acusados que han pactado sus penas con las acusaciones son Ana María Ríos y Leonor Moreno. Ambas llegaron a Emarsa desde el Ayuntamiento de Manises, presidido por Enrique Crespo, también juzgado por el asunto. La primera, periodista, tras una baja por maternidad. La segunda, abogada, tras una baja médica.
Las dos han reconocido sin tapujos ante el tribunal que fueron “enchufadas” por Crespo en la empresa pública después de que sus puestos fueron ocupados por otra gente de confianza del entonces alcalde. En el caso de Moreno, según su declaración, fue reemplazada por un hermano de Crespo, Carlos, como coordinador de la casa de la Cultura.
24 millones de botín
La acusación pública sostiene que Crespo saqueó la depuradora, que operaba bajo la marca Emarsa, hasta quedarse con casi 24 millones de euros.
Lo hizo, según la fiscalía, en connivencia con el empresario Jorge Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
