El PP valenciano busca desmarcarse de Vox y no aprobará sus propuestas xenófobas. El partido que dirige Carlos Mazón se ha enfrentado esta semana a su primer debate de política general, el primero del partido en 10 años y el primero del autogobierno con un Consell que no tiene mayoría parlamentaria. Con estos números, 41 de 99, los populares tienen que hacer malabares para sacar adelante sus propuestas de resolución, los compromisos políticos que se adoptan al inicio de curso y que se deben materializar en los presupuestos y en la legislatura.
El debate de política general es el primer examen parlamentario para un gobierno. Además de expresar sus líneas básicas y hacer un balance de gestión -para lo que Carlos Mazón empleó más de tres horas de discurso-, mide la predisposición de la oposición a apoyar las iniciativas. Desde hace dos meses, cuando Vox salió abruptamente del Consell bipartito, el PP tiene tres grupos en la oposición: dos de ellos -PSPV y Compromís-, con políticas abiertamente opuestas a las suyas, y un tercero, la ultraderecha, que responde según venga el juego. Lo que ayer era una línea roja hoy no es una cuestión tan importante, lo que ayer implicaba una condición sine qua non hoy se desvincula de las principales negociaciones.
Vox afirma de manera reiterada que la política migratoria es una cuestión clave. Y que no piensa colaborar con el PP en ningún lugar si no endurece las políticas, tales como un bloqueo naval, cierre de fronteras o deportaciones masivas. En su última propuesta de resolución, registrada el miércoles en las Corts Valencianes, Vox pide que los menores no acompañados no puedan acceder al “plan para la transición a la vida independiente y de emancipación”, suprimir todas las ayudas a los “inmigrantes ilegales” y a las ONG, a las que acusa de colaborar con el tráfico de personas. Y además, evitar que los barcos de rescate atraquen en los puertos de la Comunitat Valenciana, a los que la Generalitat Valenciana reclama casi medio millón de euros por unas tasas de las que están exentos.
Después de presentar la resolución, el portavoz de Vox, José María Llanos, recalcó el carácter de línea roja de la política migratoria. La presidenta de las Corts y miembro de la ejecutiva de Santiago Abascal, Llanos Massó, se vanaglorió de que fuera su formación quien torpedeara la acción de las embarcaciones de rescate. “Gracias a Vox, en la Comunitat Valenciana, los barcos de ONG que facilitan el trabajo a las mafias de tráfico de personas pagarán las tasas por atracar en los puertos dependientes de la Generalidad, cosa que no hacían por obra y gracia de la vicepresidenta del gobierno del Botánico, Mónica Oltra”, dijo.
Este viernes, durante el debate de las iniciativas, los ultras rebajaban el tono respecto a la negociación mientras lo endurecían dentro del hemiciclo. Dentro, el diputado Joaquín Alés, insistió en vincular la migración a la delincuencia, asegurando que “el 49% de los asesinos de mujeres del último año eran no nacidos en España”, que la presencia de los migrantes en las cárceles “se ha quintuplicado” y remitiéndose al último CIS, donde la inmigración encabeza los problemas para los españoles. Fuera, el portavoz José María Llanos, que apuntó que se imaginaba que el PP rechazaría las propuestas sobre política migratoria, manifestó su disposición a votar a favor medidas del PP referidas a su paso por el Consell. Sobre los presupuestos para el año que viene, indicó que “depende de la voluntad de las partes” y que si la hay “no hay absolutamente ninguna complejidad”, pese a que existen “temas sangrantes” y zanjó: “Cuando hablemos de los presupuestos, hablaremos entonces de las negociaciones que se puedan llevar a cabo. Al 100% nunca se puede conseguir todo en una negociación”. Estas palabras también chocan con las que dijo el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, esta zemana en Valencia, donde subrayó que el apoyo a los presupuestos autonómicos se decidiría en toda España de manera “unitaria”. Es decir, que poco importa qué se negocie individualmente.
El PP, que hasta la fecha no ha dado marcha atrás en esa reclamación, se desvincula de las políticas planteadas por la extrema derecha. El portavoz de los populares, Juanfran Pérez Llorca, consideró que las medidas de Vox “están muy lejos” de los planteamientos del PP y dudó incluso de que “se puedan acoger a la ley actual”. La representante de los populares que debatía sobre migración, Lucía Peral, cargó la responsabilidad sobre el Gobierno central. “No caigamos en la trampa del sanchismo ni utilicemos la crisis migratoria para hacer política”, pidió a sus exsocios de Vox, subrayando: “No podemos negarle ayuda a quienes lo necesitan”. Peralercordó que “hablamos de vidas humanas” y destacó “el interés superior del menor”, en cuanto a su protección.
Sobre los presupuestos, el portavoz también quiso enmarcarlos en otra negociación. Se abrirá “otro debate” con el partido de ultraderecha para buscar un acercamiento, que sí tienen en políticas como la fiscal, aunque reconoció que “si su posición es tan firme como la de hoy, es difícil llegar a acuerdos”.