El nuevo gobierno valenciano PSPV-Compromís, que todavía no ha cumplido sus 100 días, se ha encontrado con un difícil panorama en la Generalitat. La deuda en estos momentos supera los 40.000 millones (más del doble del presupuesto autonómico), y el déficit antes de las elecciones autonómicas ya era 743 millones, un -0,73% que superaba con sólo 5 meses todo el déficit permitido para 2015 (-0,7%).
Pero estas cifras domésticas están engrosando también con la hipoteca europea dejada fundamentalmente por la gestión realizada por todos los presidentes autonómicos del PP. El montante en estos momentos ya llega a los 315 millones de euros, pero dada la lentitud de la aparición de las investigaciones no se descarta que todavía pueda haber más.
El grueso de esta hipoteca se lo lleva la Ciudad de la Luz de Alicante, los calificados como mejores estudios cinematográficos de toda Europa impulsados por Eduardo Zaplana, fueron construidos con 265 millones de la Unión Europea. Pero en 2012 Bruselas declaró ilegales estas ayudas al considerarlas una competencia desleal pagada con fondos públicos, hecho ratificado en julio de 2014 por el Tribunal General de la Unión Europea. La consecuencia: la Generalitat Valenciana debe devolver íntegramente estas ayudas.
Para ello se propuso vender estos platós y se organizó una subasta. El precio mínimo eran 94,4 millones de euros, poco más de la tercera parte de lo que costó, pero ninguno de los interesados llegó a este precio mínimo.
Otro agujero que todavía se discute como debe taparse es la multa impuesta por la Unión Europea por el falseamiento de las cuentas de la Generalitat Valenciana. Esta sanción alcanza los 18,93 millones de euros por falsear la deuda y el déficit del gobierno valenciano, y pese a que se investigó todo el periodo 1988-2012, finalmente la multa sólo se pudo imponer para el periodo 2011-2012, el gestionado por Alberto Fabra, por no haberse registrado un gasto sanitario de 2.000 millones, el gasto conocido como 'facturas en los cajones'.
Para hacer frente a esta cifra ahora se deben poner de acuerdo el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana, debido a que la Comisión Europea impone la multa al estado miembro, a España, mientras que desde el ejecutivo se responsabiliza al gobierno autonómico por ser el infractor; pero el Consell apunta a que la culpa es del PP y quiere que pague el Gobierno. Si la situación era ya complicada con dos gobiernos del mismo color político, al cambiar el signo en el Consell estas diferencias se agudizan.
La última multa recibida fue dada a conocer este lunes, en este caso son 6,2 millones por irregularidades en ayudas al campo valenciano, unas ayudas que se dieron fundamentalmente a los cítricos durante el periodo 2007-2011, durante el Gobierno de Francisco Camps.
La cifra de momento todavía es provisional, especialmente porque todavía hay un frente abierto: el Aeropuerto de Castellón. El polémico aeródromo se estrenó la semana pasada conociendo que la Comisión Europea está investigando el convenio entre la Generalitat y la gestora del aeropuerto, por el cual el Gobierno valenciano abonará un total de 24,5 millones a lo largo de 10 años (aunque Alberto Fabra, antes de salir del gobierno, pagó de un golpe la mitad de todo el convenio, sobrepasando los límites establecidos en el mismo).
Pataleta en las banderas
Las desavenencias entre Europa y la Generalitat Valenciano tuvieron un gesto que por lo general pasó desapercibido, y es que en los actos cotidianos de la Generalitat gobernada por el PP desapareció la bandera europea.
Este hecho fue recordado por el actual gobierno progresista que ha recuperado el símbolo en todas las citas públicas. Las banderas están “nuevas”, según afirma la vicepresidenta Mónica Oltra, por su escaso uso.