El PSPV ha solicitado, como parte personada en la causa del caso Gürtel que investiga la visita del papa a Valencia en 2006, penas que suman casi dieciséis años de prisión para el expresidente de las Corts Valencianes y exvicepresidente del Consell Juan Cotino como autor de seis delitos.
Entre estos figuran el de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas, cohecho y falsedad continuada en documento oficial.
En su escrito de calificación presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, los socialistas valencianos piden la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal para veinticuatro procesados, entre ellos Cotino y la supuesta cúpula de Gürtel, por la comisión de al menos ocho delitos.
Éstos se habrían cometido, según señaló el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en su escrito de procesamiento del pasado 22 de abril, en la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para clausurar el quinto Encuentro Mundial de las Familias.
Además de la petición de condena de cárcel en cinco de los seis delitos que le imputan a Cotino, los socialistas valencianos, para quienes el exdirigente del PP era el “responsable” dentro del Gobierno valenciano para los temas relacionados con la visita papal, solicitan para él ocho años de inhabilitación oficial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
El también exdirector general de la Policía está retirado de la vida política desde octubre de 2014, cuando anunció su dimisión como presidente de las Corts Valencianes y su renuncia a su escaño parlamentario para volver a trabajar en el campo, concretamente en el cultivo del caqui, antes de llegar a su edad de jubilación.
Papel “fundamental”
El PSPV apunta en su escrito a Cotino y al exdirector general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por su “papel fundamental” -a quien un informe de la Udef consideraba “elemento nuclear”- en la “participación de autoridades públicas valencianas” que se asociaron a la cúpula de Gürtel y otras empresas relacionadas “tanto en la adjudicación como en la ejecución del contrato” para la cobertura del quinto Encuentro Mundial de las Familias.
En su escrito de procesamiento del pasado mes de abril, el juez De la Mata acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento en un sumario), por lo que se abría el plazo para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones presentaran sus escritos solicitando la apertura de juicio oral y las penas que reclaman.
Según relataba el juez en su resolución, el entramado empresarial de Francisco Correa, supuesto líder de la trama Gürtel, aprovechó la visita papal para lograr la adjudicación de forma ilícita de contratos públicos, apoderándose de fondos públicos para su enriquecimiento personal.
Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía, cuyo coste, siete millones de euros, supuestamente fue fijado por los imputados, quienes decidieron que lo asumiera el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.
De la Mata señalaba a Juan Cotino como “factótum” y “elemento nuclear” de esa Fundación como responsable último de sus contratos, “manejando desde atrás” las contrataciones en común acuerdo con el entonces director de RTVV Pedro García.
Cotino, proseguía el auto, “consiguió su propósito de que se adjudicaran al grupo Correa los servicios mencionados” de imagen y megafonía, usando los fondos públicos de RTVV para hacer el pago, permitiendo a García aprobarlo con un amplio sobrecoste, con el que se enriquecieron personalmente los miembros del grupo.