El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que detrás del caso Gürtel hay una “operación de financiación ilegal” del PP y ha asegurado que hay responsabilidad políticas que no se han asumido “porque no han pedido perdón por lo que hicieron”.
“Todo esto, desde el principio hasta el final, ha sido un vodevil maligno que ha acabado costando muchos recursos a los valencianos, tanto desde el punto de vista económico como en el valor 'reputacional', en la mala fama que han adquirido muchos de nuestros activos principales, porque realmente lo que se ha hecho ha sido todo un absoluto despropósito”, ha asegurado Puig.
El jefe del ejecutivo valenciano ha manifestado que todo lo que hicieron en ese momento las conselleras de Turismo del PP, Milagrosa Martínez y Angélica Such, “desde luego estaba conectado directamente con la toma de decisiones del PP y la financiación ilegal”.
“Ahí es donde está el núcleo central de esta cuestión, que aún no se han asumido las responsabilidades políticas correspondientes -ha agregado-. Cada día que entramos en un departamento hay otras cuestiones que nos preocupan, porque al final significan que se ha gestionado no en favor del interés general sino del interés particular. Es una continua situación de inestabilidad”.
Puig considera fundamental que “se haga justicia”, los culpables devuelvan el dinero “que se ha sustraído” y se “recupere la imagen de esta comunidad, que nada tiene que ver con estos delincuentes, de cuello blanco algunos, que estuvieron insertados en las administraciones públicas en el pasado”.
Bonig no valora las declaraciones de Martínez y Betoret
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, por su parte, ha preferido no valorar las declaraciones judiciales de Milagrosa Martínez y Rafael Betoret, “las personas acusadas determinarán con sus letrados la mejor línea de defensa”, al tiempo que añadía “no valoro declaraciones hechas en el seno de un proceso judicial”.
Por lo que respecta a las declaraciones de Puig, Bonig ha resaltado que “si lo tiene tan claro” deberían haber ido “antes a los tribunales”, e insistía en que el president “es el menos indicado para hacer esas declaraciones. Deberíamos acostumbrarnos a que cuando los asuntos entran en sede judicial son los jueces quienes determinan la inocencia o culpabilidad”, por lo que cree que hay que tener “prudencia” y “esperar a ver lo que determinan los tribunales”.