El tira y afloja entre Presidencia de la Generalitat y el Consell Rector de À Punt por las condiciones de la presidenta en funciones continua y llega al Parlamento Valenciano. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha remitido este martes a las Corts Valencianes un escrito en el que solicita que se nombre a la actual vicepresidenta, Mar Iglesias, como presidenta de la corporación.
El Consell Rector, que manifestó su respaldo a la presidenta en funciones, reclama al Parlamento autonómico que la elija como presidenta formalmente para que pueda tener un contrato de alta dirección y solicitar una excedencia en su actividad docente. Iglesias ejerce de presidenta en funciones tras la marcha de Enrique Soriano de la corporación, percibe dietas por asistir a las reuniones y continua ejerciendo como profesora de periodismo en la Universidad de Alicante, una actividad difícilmente compatible con la dirección de un ente de casi 500 empleados.
La consejera asumió la presidencia en funciones el pasado 9 de enero después de que Soriano pasara meses transmitiendo sus deseos de abandonar la dirección sin que el Parlamento autonómico habilitara los mecanismos para la elección de un sustituyo. En un comunicado, la cadena pública expresa que su máximo organismo de dirección “considera que [Soriano e Iglesias] tienen que tener los mismos derechos y remuneraciones, puesto que desarrollan las mismas obligaciones y responsabilidades”.
En la reunión de este martes, el organismo que gestiona la radiotelevisión pública valenciana pide a los grupos parlamentarios que nombren a Iglesias presidenta mientras no se constituya el Consell Audiovisual, organismo que debería proponer a la persona que dirija los medios públicos y que aún no ha arrancado en sus funciones. La presidenta en funciones reclamaba al Gobierno Valenciano un contrato de alta dirección -con nómina similar a la de un secretario autonómico, igual que su antecesor en el cargo- que le permitiera centrarse en su trabajo en el ente público, una cuestión que desde el Palau consideran inviable legalmente. La Abogacía de la Generalitat considera que no puede suscribirse ese contrato para un cargo que Iglesias asume con interinidad, por la marcha del presidente y no por ser elegida por el parlamento autonómico, como prevé la ley. Según informa el Consell Rector, la Abogacía ha trasladado que para resolver esta situación de “precariedad” tendría que existir una previsión normativa específica.
Para nombrar a la presidenta se necesita una mayoría de dos tercios de la Cámara -66 votos- y los grupos del Botánico cuentan con poco más de la mitad, por lo que sería necesario el apoyo de PP o Ciudadanos a esta propuesta -Vox se desmarca de la mayoría de pactos-, formaciones que han sido muy críticas con la radiotelevisión pública. Sería necesario también que la mayoría de los grupos presentes en la comisión tramitaran la propuesta que solicita la dirección del ente, cuestión que está por ver si aceptan. Mientras, en Presidencia no se muestran preocupados por la cuestión y manifiestan que están centrados en resolver los daños derivados de la pandemia.