El 21 de noviembre de 2006, Francisco Camps inauguraba el Hospital de Torrevieja; el 15 de octubre de 2021, Ximo Puig recuperará esta área de salud para el sistema público de la Generalitat haciendo cumplir, tras Alzira en abril de 2018, una de las promesas estrella del Botànic para esta legislatura. Esta semana, la Conselleria de Sanitat anunciaba, a falta de un día para que venciera el plazo, la reversión del departamento tras 15 años de gestión en manos de Ribera Salud.
Tres lustros que nacieron con un Partido Popular en el gobierno valenciano decidido a extender su modelo de gestión público-privada que echó a andar con el inicio del Departamento de La Ribera a principios de siglo. Desde ese momento, la sanidad pasaba a ser un negocio en la Comunitat Valenciana. “De cara al usuario de este tipo de hospitales parece que sea todo público porque vas a la consulta y no pagas nada”, explica Eva de la Fuente, portavoz de la plataforma ciudadana en defensa de la reversión del departamento de Torrevieja y que durante estos meses ha estrado presionando al Consell para que cumpliera con la hoja de ruta. “Pero es cierto que no deja de ser una empresa la que gestiona el hospital y sus centros de salud y el negocio se lo están llevando ellos, sin más”, añade.
La empresa en cuestión, Ribera Salud, está detrás no solo de Torrevieja o del 35% del departamento de Denia, sino también del Hospital del Vinalopó, en Elche, cuya concesión acaba en 2025, y de la extinta Alzira, cuya pérdida hace dos años le supuso reducir su facturación un 24,4%, quedándose en una cifra de negocio de 342 millones de euros frente los 453 del ejercicio anterior.
Con estas cifras en juego, no eran de extrañar meses atrás las dudas patentes entre los partidarios de la vuelta al modelo 100% público en Torrevieja, motivadas por las declaraciones del Puig cuestionando la idoneidad del momento de la reversión, por la crisis económica a raíz de la pandemia, y sin obviar que el propio Puig y la anterior consellera Carmen Montón recibieron en su momento presiones de la embajada de EEUU – a través de la multinacional norteamericanana Centene, propietaria de Ribera Salud- para evitar que Alzira regresara a manos públicas.
El poder de influencia de Ribera Salud en estos 15 años ha sido notorio en la localidad de la Vega Baja y en los diez municipios que forman parte del departamento, que comprende toda una red de centros de atención primaria y consultorios, desarrollando la mercantil constantes campañas de publicidad entre los medios locales para avalar su gestión. Una gestión privada respaldad también, y sobre todo, por el informe encargado por la Conselleria de Sanidad a la Sindicatura de Cuentas, concluyendo en 2018, lo repite constantemente desde la dirección, “que el Hospital Universitario de Torrevieja es más eficiente y tiene mejores resultados de salud que el resto de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana”. En concreto, Torrevieja Salud es un 30% más eficiente que el resto de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, “lo que se traduce en un ahorro de 45 millones de euros al año para el bolsillo del ciudadano”. Asimismo, el informe también recoge que el grado de satisfacción de los pacientes de este departamento supera la media de la Comunidad.
Polémica
El argumento de la eficiencia económica es el principal esgrimido por Ribera Salud esta semana para insistir en que el gobierno valenciano se equivoca al rescatar Torrevieja, un área de salud que, a diferencia del de su homólogo del Vinalopó , ha vivido estos 15 años sin muchos sobresaltos o polémicas, en parte porque sus comités de empresa han preferido mantenerse en una posición discreta y silenciosa.
“Nosotros no somos como el comité del Vinalopó que es más guerrero, somos más apaciguadores porque creemos que así conseguiremos más cosas”, explica un miembro del comité de Torrevieja. Los representantes de trabajadores de Elche fueron denunciados el año pasado por Ribera Salud, que les reclama 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios, por revelar que les obligaron a trabajar durante la DANA pese al riesgo que corrían tras decretarse la alerta roja.
Esta misma fuente, que no quiere desvelar su nombre y sindicato, también rechaza las críticas de la plataforma en defensa de la sanidad pública de que tanto el comité de empresa como los trabajadores tengan miedo a hablar por posibles represalias de la empresa: “Eso es mentira”, asegura. Este medio intentó, ante la polémica en Torrejón de Ardoz, donde Ribera Salud desplazó a empleados de Torrevieja para hacer test a la población pese a ser desaconsejados por la comunidad científica y el ministerio, hablar con sanitarios del departamento como lo ha intentado para este reportaje, negándose en todo momento.
Futuro
“Tenemos ahora más incertidumbre que antes”, asegura la fuente del comité de empresa, que critica abiertamente a la consellera Barceló. “Pensábamos que iba a venir con el anuncio y con el modelo, pero nos reunió solo dos horas antes, no nos dio tiempo a preparar nada y ahora no sabemos qué pensar” insiste. El modelo que va a seguir Sanidad para rescatar a los 1.400 empleados y los otros tantos -nadie sabe cuántos- sinergiados con el Vinalopó es, de momento, una incógnita que ni la propia consellera se atreve a anticipar.
“Todavía no hemos tomado la decisión sobre la fórmula”, reconoció este viernes en rueda de prensa la política alicantina. “Nos comprometimos con el comité de empresa y la junta de personal de abrir una mesa de diálogo con ellos y explicarle las fórmulas que nosotros consideramos que son las idóneas”, dijo. ¿Entre ellas puede estar la empresa pública? Ella reconoció que sí, entre otras opciones.
“No queremos pasar a formar parte de una empresa pública”, responden desde el comité. “No seríamos funcionarios y pasaríamos a formar parte de un modelo similar al actual con Ribera Salud en cuanto a condiciones de trabajadores”. Actualmente, los trabajadores son personal laboral indefinido, pero sin depender de la Conselleria de Sanidad. En el caso de Alzira, son personal laboral a extinguir que dependen de la Generalitat.
Otra duda abierta es qué pasará con las inversiones anunciadas en julio de este año por Ribera Salud en un acto respaldado por alcaldes del PP y por el presidente de la Diputación de Alicante, también popular. Prometió, en caso de que el Botànic prorrogara la concesión cinco años más, invertir 40 millones de euros y la construcción de dos centros de salud hasta 2026. La Conselleria de Sanidad tiene este año de transición por delante para responder también a esta pregunta.