El juzgado de Instrucción número 1 de València admitía a trámite hace unos días la querella presentada por la organización ultra 'Abogados Cristianos' contra altos cargos del Gobierno Valenciano por un presunto delito contra la salud pública y citaba a declarar, el próximo 13 de septiembre y “con asistencia letrada” -es decir, en calidad de imputados-, al director del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Damián Martí (por la celebración de una jornada virtual sobre los riesgos del chemsex), y a la directora de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, Ofelia Gimeno, por una subvención destinada al desarrollo de “proyectos de promoción de la salud sexual, principalmente en población de especial vulnerabilidad por su edad, opciones sexuales o identidad sexual y prevención del estigma social asociado al VIH (Sida) y otras ITS (infecciones de transmisión sexual)”.
En concreto, la entidad ultracatólica cuestiona una ayuda concedida por la Conselleria de Sanidad al Comité Ciudadano Antisida por valor de 5.496,43 euros para el desarrollo de una aplicación de contactos para HSH (hombres que practican sexo con hombres) y usuarios de chemsex, un método similar a otros utilizados en la Comunidad de Madrid y otras autonomías y “muy bien valorado” por el Ministerio de Sanidad porque facilita el contacto con las personas que realizan estas prácticas. “Lo que no se hace, obviamente, es fomentar o promocionar el chemsex ni ninguna otra práctica”, apunta Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública.
Navarro sostiene que la demanda se basa en información falsa: “Quieren engañar y confundir a la ciudadanía”. “Nunca han solicitado información, ni han querido saber en qué consiste el proyecto seleccionado”, apunta, al tiempo que denuncia la “utilización de la justicia para intereses espurios. Es un tema muy grave, y son unos profesionales de esta práctica, el lawfare”.
La secretaria autonómica reconoce que todavía no han recibido la querella en conselleria y que acogieron la noticia con “indignación” y “sorpresa”: “Nos enteramos de la resolución judicial por la prensa”. La convocatoria, apunta, pretendía subvencionar proyectos para promover la salud sexual: “Si hubiera en ellos [la asociación demandante] un sentimiento cristiano, nos tendrían que felicitar, porque protegemos la salud de las personas más vulnerables. Estamos absolutamente tranquilos”.
En cuanto a la aplicación que ha desencadenado la querella, Sanidad comenta que ofrece información sobre las infecciones de transmisión sexual, el sida o la hepatitis, se agilizan las pruebas de diagnóstico, se facilita un teléfono de contacto para información, se ofrece atención psicológica y apoyo emocional, se posibilita la derivación al sistema sanitario en caso de necesidad... “Es muy importante la detección precoz de las ITS para evitar los contagios”. “En definitiva, ya que prácticas como el chemsex están en la sociedad, lo que se busca es reducir al máximo los riesgos protegiendo a aquellos más vulnerables”, indica Navarro, quien concluye: “Se hace un buen trabajo en busca de una reducción de esas prácticas y ayudando a salir a quienes quieren dejarlo; cumplimos con nuestro trabajo”.