El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado un giro y ha rectificado su postura frente a la supresión de dos aulas de bachillerato concertado de dos colegios católicos para el curso 2017-2018, suspendiendo cautelarmente la medida de la Conselleria de Educación.
Si en el mes de mayo el TSJCV rechazaba el recurso planteado por el Centro Integrado La Purísima-Franciscanas y también por la Fundación Institución Cultural Domus por la pérdida de estas dos unidades, ahora la misma sala 4a cambia de argumentos.
En el auto del mes de mayo el tribunal afirmaba que la parte actora -los centros que interponen el recurso- “no acredita la irreparabilidad del daño que conlleva la ejecución de la resolución impugnada, que en definitiva supone una determinación del número de plazas escolares concertada para el curso en el centro docente recurrente”. “Se trata en todo caso de perjuicios económicos cuya reparabilidad es evidente”, indicaban ambos autos.
No obstante en el auto de 5 de julio la misma sala decide aceptar el recurso cambiando su opinión sobre los perjuicios, y mientras antes decÍa que “se trata en todo caso de perjuicios económicos”, ahora afirma que en caso de no adoptarse la medida cautelar, habría “daños evidentes” y perjuicios “de reparación imposible” para alumnos y familias de cuarto de ESO. También añade que en cuanto a la ponderación de intereses, el interés general “no debe ser simple y llanamente el de la Administración, sino de la ciudadanía, y preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad docente, a quien sirve con objetividad y eficacia”.
Por otro lado advierte el TSJCV que si se ejecutara de forma inmediata la resolución de la Conselleria que afecta al curso que va a iniciarse, se estaría privando de efectividad a la sentencia futura que recaiga sobre el fondo del asunto y en relación con el año escolar 2017-18.
Cabe recordar que la sala 4a de los contencioso-administrativo del TSJCV también tiene en el punto de mira a la conselleria de Vicent Marzà en otros aspectos ya que es la misma que ha suspendido el decreto de plurilingüismo que se tenía previsto aplicar para el próximo curso. Esta paralización ha sido tomada en consideración tras la presentación de un recurso por parte de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP.