A pocos días de que comience el periodo de enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat y con el presupuesto a punto de saltar por los aires, Unides Podem-Esquerra Unida ha presentado este miércoles su propuesta de reforma fiscal valenciana. La coalición cree que hay margen para una subida del IRPF y de creación de nuevos impuestos y quiere que el Ejecutivo valenciano actúe en la misma línea que el central, que ha anunciado una subida de impuestos a las grandes fortunas. Junto a Compromís, que presentó una propuesta muy similar hace un mes, ya son dos de los tres socios del Botánico quienes abogan por modificar la estructura tributaria actual.
Los morados consideran que su planteamiento “va más allá” que el de los valencianistas, introduciendo nuevos tipos impositivos y gravando también el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Según estiman, se aplicaría una subida a 21.000 contribuyentes y será de entre el 0,12% y el 1,56%. Este gravamen “será prolongable en función del contexto económico y social derivado de la crisis de la Covid-19 en la Comunitat Valenciana y de la situación financiera de la Generalitat Valenciana para abordar la crisis”. Asimismo, la coalición plantea un aumento en las reducciones en transmisiones 'mortis causa' que se compensa con una reducción de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones para que quienes tengan un gran patrimonio; en otras palabras, que haya más personas que no paguen por las herencias pero que quienes partan de una riqueza mayor, paguen más.
La coalición rescata un gravamen ya habitual por estas fechas: la tasa turística. Un impuesto sobre estancias turísticas que nunca ha conseguido prosperar en el Parlamento autonómico y que los socialistas consideran “una broma” en plena pandemia, mientras el Ejecutivo subvenciona las estancias turísticas. La propuesta de la coalición es que entre en vigor en 2022 o cuando haya finalizado la crisis sanitaria y el sector se recupere.
Como novedad, Unides Podem traslada la idea de un impuesto a grandes tenedores de viviendas deshabitadas -dos conceptos que aparecen regulados en la Ley de Función Social de la Vivienda- que penalizará a los propietarios de viviendas que permanezcan deshabitadas más de dos años de forma injustificada, una sanción prevista en la ley. Será “un impuesto finalista, destinado a la ampliación y mejora del parque público de vivienda de la Generalitat Valenciana así como a la atención de la emergencia habitacional”, indica la propuesta. La formación contempla un impuesto a los centros comerciales similar al que baraja la conselleria de Transición Ecológica que penaliza a los establecimientos como reclamo de vehículos contaminantes. “Se aplicará sobre superficies iguales o superiores a 2.500 metros cuadrados, tanto individuales como colectivas. En el caso de que se sitúen fuera de la trama urbana consolidada del municipio, la superficie deberá ser igual o superior a 1.300 metros cuadrados”, señala el documento.
Para concluir su propuesta, explicada por los diputados Ferrán Martínez y Estefanía Blanes, reclaman al Consell publicar la lista de morosos y defraudadores detectada por Hacienda, más recursos para que la Agencia Tributaria persiga a los evasores fiscales y un análisis exhaustivo de la economía sumergida. Según han expresado, la reforma fiscal ya se planteó en la reunión de seguimiento del Acuerdo del Botánico y han solicitado a Compromís y al PSPV una reunión para ajustar las propuestas.